Tras la detención arbitraria y tortura de dos habitantes de la comunidad purépecha de Nahuatzen, Michoacán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad de revisar la sentencia de siete años de cárcel que ambos recibieron, pues en su proceso judicial se cometieron varias irregularidades y su encarcelamiento es “injusto”, señalaron diversos colectivos civiles.
En un pronunciamiento conjunto, organizaciones como Servicios y Asesoría para la Paz, la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” y el Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen expusieron 10 razones por las cuales la ministra Norma Piña debe revisar el fallo contra los detenidos y “frenar la criminalización” de la lucha de ese poblado indígena por su autonomía.
En noviembre de 2018 fueron detenidos y torturados José Luis Jiménez y José Antonio Arreola, autoridades indígenas de Nahuatzen, quienes fueron declarados culpables del delito de sabotaje, sin que tuvieran acceso a una defensa adecuada contra los hechos que se les imputan “acción utilizada por los gobiernos de diferentes estados para criminalizar a las personas defensoras”, señalaron en los colectivos firmantes
