El juzgado cuarto de distrito con sede en Yucatán concedió tres nuevas suspensiones provisionales contra el Tren Maya en el estado, lo que impide a las autoridades federales continuar con las obras de construcción en el tramo tres del nuevo proyecto hasta en tanto se resuelve la suspensión definitiva.
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Colectivo Chuun t’aan Maya, así como el equipo legal de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, informaron que los tres amparos interpuestos por indígenas mayas de 40 comunidades de Yucatán impugnan la constitucionalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para la construcción de esa obra.
En videoconferencia, José Orvelín Montiel Cortés, abogado de Indignación, señaló que los argumentos planteados en los recursos de amparo –presentados el pasado 20 de enero– sostienen que se violentó el derecho a la información, ya que “las comunidades indígenas no tuvieron acceso en ningún momento a los estudios derivados de la MIA” y con ello se vulneró “el derecho a la adecuada participación”.Asimismo, se argumentó ante la autoridad judicial sobre la omisión de realizar una evaluación ambiental regional que incluya el estudio de los impactos del proyecto de manera integral y no fraccionada.
Frente a estas violaciones, la juez cuarto de distrito consideró que la aprobación de la MIA “implica un riesgo preponderante” para el medio ambiente de las comunidades y las generaciones futuras por los daños que se puedan ocasionar con la construcción del Tren Maya, refirió Montiel Cortés.
Estas resoluciones, precisó, se suman a las otras cinco ya otorgadas a diversas comunidades de la Península. En Chiapas, se tienen dos amparos, pero sólo en uno con suspensión definitiva. En Campeche, hay tres amparos con dos provisionales y una definitiva. En el caso de Yucatán son cinco amparos con cuatro suspensiones provisionales, así como dos recursos que se turnaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Jorge Fernández Mendiburu, también abogado de Indignación, advirtió que pese a las suspensiones provisionales, las obras de construcción continúan, con “el argumento de que están realizando mantenimiento a las vías”, por lo que hizo un llamado a los jueces a poner atención a estos hechos, porque al no respetar las resoluciones “se daría una simulación”.
