La aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) implicaría el desconocimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda, construido con las familias de personas desaparecidas, sociedad civil y comunidad internacional, en el cual también se determinan con claridad las obligaciones que tienen todas las autoridades –incluida la FGR– en la búsqueda de personas desaparecidas y la obligatoria coordinación entre las mismas.
Así lo advirtieron la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y las comisiones estatales, que en un nuevo posicionamiento, exigieron abrir una discusión para realizar una reforma constitucional y legal integral, que atienda a la crisis en materia de verdad y justicia en el país en general, y en materia de desaparición de personas, en particular.
El posicionamiento publicado en las redes sociales de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y retuiteado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reiteró su rechazó a dicha iniciativa y a diversas disposiciones generales, incluyendo la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Señaló que eliminar las obligaciones que tienen las instituciones en la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas, que en los hechos representaría la actual redacción de la iniciativa, equivale a reducir masivamente los recursos, métodos y mecanismos disponibles para dar con el paradero de miles de personas desaparecidas.
Explicó que con la actual propuesta, por ejemplo, se pretende eliminar a la FGR como miembro del Sistema Nacional de Búsqueda, y tenerla como “invitada”.
