A causa de un paro cardiaco y a los 78 años, el histórico líder social indígena Felipe Quispe Huanca falleció el pasado 19 de enero en El Alto, Bolivia. El mallku (autoridad comunitaria en aymara), como también lo reconocieron, fue un importante dirigente que apenas se había postulado al gobierno de La Paz para los comicios del 7 de marzo. Como un espejo de la realidad política del país, el legado de Quispe vuelve a tomar importancia ante la sed de justicia que vive la sociedad y que aún carga con las consecuencias de las masacres de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019. El decreto supremo 4078 firmado días después de los hechos de violencia se vislumbra hoy como una de las claves actuales para alcanzar la justicia.
El pasado 21 de enero, el cuerpo de Quispe fue llevado en una caminata fúnebre por la ciudad indígena de El Alto. El mallku, quien se ganó este apelativo por su intensa actividad de liderazgo social, nació en 1942 en la comunidad de Chijilaya, cantón Ajllata en Achacachi, en la provincia de Omasuyos, en el departamento de La Paz. Hombre polémico por sus posiciones políticas radicales, fue fundador y miembro del Movimiento Indígena Tupac Katari en 1978 y dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos y de la Central Obrera Departamental de La Paz.
El pensamiento de Quispe incluyó la lucha armada como una forma legítima del pueblo para defenderse, por lo que fundó y participó en el Ejército Guerrillero Tupac Katari. Después de 1983 formó la organización política Ayllus Rojos y para 1998, tras salir de la cárcel de Chochocoro fue el principal dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Después de 2000, cuando el ciclo insurreccional de protestas populares volvió a Bolivia, la particular rebeldía de Quispe lo empujó a participar con fuertes bloqueos carreteros en la guerra del gas, cuando el gobierno se empeñaba en privatizar y comercializar el recurso y que terminó en 2003 con el derrocamiento del entonces presidente represor Gonzalo Sánchez de Lozada.
Con una increíble cultura política rebelde heredada de su original Achacachi, donde las revueltas y movimientos sociales han encarado al poder policial y militar de los gobiernos autoritarios, la determinación y rebeldía del mallku se originó en su profunda conciencia sobre las desiguales condiciones impuestas por el colonialismo en el altiplano boliviano. Como parte de su brillante astucia intelectual y durante su cautiverio, acreditó la carrera de historia por la Universidad Mayor de San Andrés y dictó clases en la Universidad Pública de El Alto. Ahora su legado ha sido sembrado en las nuevas generaciones de jóvenes activistas y estudiantes indígenas. Una pedagogía aymara de la lucha popular.
Durante los gobiernos de Evo Morales (2006-19), Quispe mantuvo una posición crítica y después de la imposición del gobierno de facto de Jeanine Áñez articuló importantes movilizaciones y bloqueos en agosto pasado que demandaron la celebración de nuevas elecciones nacionales. Volvió a dejar claro que tras el golpe de Estado de 2019 y las masacres del horror en Sacaba y Senkata, la efectiva manera para alcanzar justicia social es con la movilización popular. El último vuelo del mallku en el altiplano coincidió con el término de un ciclo de trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y subordinado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Potosí para recolectar los testimonios de víctimas y contribuir al esclarecimiento de los hechos (https://bit.ly/2Zo2uNU).
La justicia para los 36 muertos y 100 heridos sigue pendiente en la nación andina. Creado el 12 de diciembre de 2019, el GIEI visitó las regiones del país desde el 1º de septiembre de 2020. Sin embargo, a pesar de que reporta que ha tenido reuniones con la Asociación de Víctimas de Senkata, está pendiente su informe parcial sobre los hechos de violencia en La Paz, Potosí, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Bolivia publicó el 16 de septiembre el informe Crisis de Estado: violación de los derechos humanos en Bolivia octubre-diciembre 20. Destacó que los hechos en Sacaba y Senkata y sus 20 muertos constituyen “asesinatos sistemáticos”, donde hubo “excesivo uso de la fuerza, detenciones ilegales, violaciones al derecho de vida, integridad personal, libertad y equidad”, lo que constituye “crímenes contra la humanidad”; lo mismo para los tres muertos en La Paz y los muertos en Sacaba del 11 de noviembre. Las 10 muertes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz “constituyen crímenes contra la humanidad” por realizarse de forma “sistemática contra población civil” perpetrada por oficiales de policía y civiles con cascos.
El legado y último aliento de Felipe Quispe se condensa como un poderoso estímulo para alcanzar desde la sociedad civil y las organizaciones la necesaria justicia para el pueblo boliviano. No obstante, una de las claves para comprender el posible estancamiento o aplicación de la justicia proviene directamente del entonces régimen de Jeanine Áñez: el decreto supremo 4078 firmado por sus ministros. Se trató de ese “pacto de unidad” de noviembre de 2019 del que se desprendió la carta blanca a los abusos perpetrados por el gobierno de facto y con el que se suprimió la responsabilidad penal a la policía y al Ejercito en sus tareas de “pacificación”. Hoy el ejemplo de la lucha del mallku es sólo otro principio de esperanza por la justicia que proviene de la historia de esa ejemplar lucha inmortal de los aymaras de Bolivia.
* Antropólogo
