La eventual aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) significaría un grave retroceso para las víctimas de la violencia, pues quitaría a dicho organismo su obligación de colaborar en los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, advirtió el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
En conferencia de prensa virtual, activistas de diversas regiones del país alertaron que el senador morenista Ricardo Monreal ha ignorado la petición de diálogo de los grupos inconformes con esta iniciativa y llevó a cabo un ejercicio “simulado” de parlamento abierto que no está tomando en cuenta los puntos de vista de las familias.
Virginia Garay, integrante del colectivo Guerreras de Nayarit –quien busca a su hijo Bryan Eduardo Arias, desaparecido en 2018–, denunció que uno de los puntos que genera mayor preocupación de la propuesta de ley de la FGR es que la desvincula de la Comisión Nacional de Búsqueda, con el argumento de que la institución es autónoma.
Por su parte, Lucy Díaz Genao, de El Solecito de Veracruz, coincidió en que se trata de una reforma “regresiva”, porque limita la participación de las víctimas en las investigaciones, además de restringir la autonomía técnica de los agentes del Ministerio Público, para supeditarlos a las indicaciones de la Fiscalía.
Natalia Cordero, investigadora del Centro de Análisis Fundar, indicó que la propuesta del senador Monreal también quitaría a las víctimas la posibilidad de solicitar a la FGR que atraiga sus casos, cuando las autoridades locales no lleven a cabo su trabajo y no garanticen imparcialidad.
Aunque todavía no hay fecha para una eventual aprobación de la ley, afirmó la especialista, los colectivos que se oponen a la iniciativa ya están explorando la posibilidad de solicitar a las comisiones de derechos humanos estatales que interpongan acciones de inconstitucionalidad para frenar la nueva norma, pues con ella “perderemos años de avances en materia de administración de justicia”.
