Imaginemos, aunque sea por no dejar, que el nonato aeropuerto de Texcoco siguiera en construcción. Se debería, también, reconocer los costos ya incurridos en sus primeras etapas, unos 300 mil millones de pesos. Faltarían, en el tiempo restante, parte sustantiva del presupuesto. Descartemos los consabidos aumentos que tan familiares se hicieron. Y todo esto para las dos pistas que se inaugurarían, según previsiones iniciales, en 2024 o 25. Pensemos también que al modernísimo proyecto se le atraviesa una nociva pandemia con sus consiguientes impactos en costos. Imaginemos también la posibilidad de un sonoro coro de peticionarios exigiendo, a la administración que acogiera, gustosa o forzada, el proyecto con todas sus derivadas y masivas corruptelas. Tal como hacían numerosas voces de lustre y prestigio. Pasado cierto tiempo de atrasos y vicisitudes graves, ¿les sería posible pensar en abandonar tan cara construcción? Se diría que el lago se comería, en pocos meses, la inversión ya ejecutada. La cátedra opositora no tendría cara para tal exigencia una vez asentada su belicosa defensa. Abogaría por la continuidad a costa de lo que fuera: aumento de deuda en primer lugar o una mayor tasa de impuesto por uso de aeropuerto. Tal como fue planteada. La protesta se trocaría, a la continuidad.
Detener los proyectos insignias de la actual administración equivale, desde la óptica opositora, no a la cordura, sino a la aceptación del fracaso. Es esta ansiada alternativa lo que ahora les impele a insistir en su detención. No se asentaría la prédica de prudencia ante lo imponderable, se alegaría el mal cálculo, el desorden, el capricho, la improvisación. En verdad, la ruta que se impone es la seguida hasta hoy por el gobierno: continuidad a lo estratégico de las obras básicas de infraestructura. Hasta el presente estos proyectos insignias son irrenunciables para perseguir la igualdad, reponer el equilibrio territorial perdido. Voltear al sur es el mandato de las urnas, lo imprescindible.
El asunto entonces se concreta en el financiamiento de estos proyectos. Y como complemento, asegurar los necesarios recursos para los grandes requerimientos de salud, sin olvidar los del vasto conjunto del bienestar. En esta crucial tarea financiera también se encuentra uno de los mayores éxitos del oficialismo: el rescate de enormes montos de recursos, antes “extraviados” entre unos cuantos. El cálculo llega hasta cifras rayanas al billón de pesos. Los alegatos sobre imposibilidades fueron y siguen siendo constantes, a pesar de las evidencias mostradas.
La ejemplaridad de aviones aterrizando en el que será el aeropuerto de Santa Lucía no estriba en divulgar su inauguración, como se predica con mala fe. Se trató, sí, de mostrar avances y viabilidad. Eso es todo por hoy. Con esas imágenes se niegan varias suposiciones opositoras inducidas con insistencia. Una, la que tiene que ver con la aeronavegabilidad. Ningún avión se estrelló por los alrededores y los cinco o seis que ahí bajaron lo hicieron con fácil seguridad. Otra, el avance de las obras es notable y no hay cerro alguno que se interponga como tampoco se alienarán zonas cercanas. Las osamentas de mamuts tendrán trato adecuado y se exhibirán con respeto. La clave adicional puede encontrarse en el costo de todo el proyecto y su puesta en operación regular para el final del año venidero. A más tardar a principios de 2023. Cosa muy distinta del proyecto Texcoco, que llevaría todo el sexenio a un costo impagable.
Quedan en el horizonte actual varios asuntos. El más puntilloso se concreta en la vacunación. Un complejo proceso donde la oposición ha encontrado filón propicio para sembrar entre la población al menos varias dudas. Un todo que implica, además, conseguir y pagar las ampolletas en mercados controlados por los países ricos. La logística de millonarias acciones, regadas por el país, trae ocupados a muchos gobiernos del mundo. Y, otra exigencia, la aplicación a todos en un orden prestablecido que implica, al mismo tiempo, exclusión de privilegios y gandallismo. Pero la palabrería que se derrama por todo el aparato difusivo apunta hacia comparaciones que den la impresión de incapacidad, de tontería, de intenciones electoreras. En fin, la permanente tentativa de desacreditar a un gobierno inclinado, con rectitud, a una legítima intención de hacer el bien empezando por los olvidados.