Barcelona. Pablo Hasél, cantante de rap catalán de 33 años de edad, fue detenido y enviado a prisión para cumplir una condena de nueve meses por un delito continuado de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y las instituciones del Estado. El activista y músico se había atrincherado en la Universidad de Lleida, a unos 150 kilómetros de Barcelona, por lo que un dispositivo de la policía autonómica catalana, los Mossos d’esquadra se desplegó en el edificio de la rectoría, donde lo detuvo después de superar unas barreras humanas de alrededor de cien estudiantes que se concentraron en solidaridad con el rapero.

Por la noche, centenares de jóvenes protestaron por la detención, registrándose graves disturbios en varias ciudades catalanas, entre ellas Barcelona, Lleida, Girona, Vic y Tarragona, donde se informó de al menos 10 detenidos y nueve heridos, entre ellos una joven con una grave lesión en el ojo por el impacto de una bala de goma.

Hasél, que en sus letras llama “borracho” y “criminal” a los reyes de España, también defiende las acciones de grupos armados que han actuado en el país en las últimas décadas, como Euskadi Ta Askatasuna (ETA), los Grapo o el grupo anarquista catalán Terra Lliure. De hecho, en la sentencia emitida ahora, se suma a dos más de 2017 y 2018, en las que también se le declara culpable por los mismos delitos, además de resistencia a la autoridad y allanamiento de local. Y en otra sentencia previa, Hasél también fue acusado y condenado por agredir físicamente a una periodista de la televisión pública catalana, a la que además roceó con líquidos de limpieza para impedir que lo siguiera grabando mientras realizaba una acción de protesta.

Hasél ha escrito la mayoría de las afirmaciones por las que fue condenado en el marco de su labor creativa, sus canciones, por lo que numerosos artistas y colectivos hicieron un manifesto de solidaridad con él, apelando a la libertad de expresión. Pero en la sentencia se afirma que los pronunciamientos de Hasél son continuados y constitutivos de delito, para lo que incluso se citan algunas frases literales, como las siguientes: “¡Merece que explote el coche de Patxi López (un líder socialista vasco!)”; “Que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono (ex ministro español y socialista!)”; “No me da pena tu tiro en la nuca, pepero (miembro del Partido Popular). Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto. Me da pena el que muere en un andamio”; “Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, sólo pienso en matarlos”; “Es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos (un periodista español de extrema derecha)”, y “Pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen”, entre otras frases, más de mil 600, según la sentencia.

El cantante y sus abogados habían solicitado la suspensión de la condena, que además le obligó a pagar una multa de 30 mil euros (720 mil pesos), pero la Audiencia Nacional rechazó la solicitud bajo el argumento de que “con este historial delictivo resultaría absolutamente discriminador respecto de otros delincuentes, y también una grave excepción individual en la aplicación de la ley, totalmente carente de justificación, la suspensión de la ejecución de la pena a este penado”.

Cuando ya era inminente su detención y traslado a prisión, Hasél decidió encerrarse en la Universidad de Lleida, donde lanzó proclamas como “muerte al Estado fascista” y en las que criticó a la clase política, con especial virulencia a la izquierda tradicional a la que él era más próximo ideológicamente, como Unidas Podemos (UP), acusando a Pablo Iglesias, su líder, de traición y de haberse “domesticado” por su nueva vida “de burgués”.

El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, pero que es fruto de una coalición con el partido de Pablo Iglesias, se está planteando hacer una reforma exprés del código penal español para impedir que se repitan este tipo de condenas y que se ampare en todo momento la libertad de expresión de los creadores, incluidas las afirmaciones que hoy en día podrían considerarse enaltecimiento del terrorismo o injurias a la Corona. Entre tanto, el gobierno también está barajando otorgarle el indulto al cantante dada la repercusión social e internacional de su encarcelamiento.

Protestas

Las plataformas en solidaridad con el rapero convocaron a diversas concentraciones en España y Cataluña para protestar por la detención, la más multitudinaria fue la de Barcelona, que después de marchar durante una hora por el centro de la ciudad culminó en duros enfrentamientos con la policía. Los jóvenes, afines también al movimiento independentista, quemaron mobiliario urbano, incendiaron varias sucursales bancarias y atacaron con piedras a los agentes antidisturbios de la policía catalana. También intentaron cruzar el cerco de seguridad para atacar la comisaría de la Policía Nacional española del centro de Barcelona, pero el dispositivo lo impidió.

Se registraron escenas similares a otras ciudades catalanas, como Tarragona, Lleida y Girona, si bien los actos más violentos se desarrollaron en Vic, donde unos 200 jóvenes atacaron con piedras y objetos de todo a la comisaría de policía, que acabó con muchos vidrios destrozados y varios policías heridos.

El balance provisional de heridos es de nueve personas, entre ellos una joven en Barcelona que tiene una herida grave en el ojo, fruto de un impacto de bala de goma o de foam (que es el nuevo material antidisturbios aprobado por el gobierno catalán). La mayoría de los heridos son agentes. También se informó de la detención de 10 personas, que fueron trasladadas a las comisarías a la espera de pasar a disposición judicial.