La iniciativa preferente de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión mantiene un modelo altamente dañino para el medio ambiente, que propicia el cambio climático, el cual el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de combatir, señaló Greenpeace.
En el parlamento abierto en la Cámara de Diputados para la discusión de las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal a la Ley de la Industria Eléctrica, la organización entregó el documento El camino de México hacia la justicia energética, en el que señala que ante los conflictos socioambientales ocasionados por las centrales eólicas o solares, se debe crear una comisión que investigue las raíces, consecuencias e impactos en derechos que han provocado en las poblaciones y establecer rutas de acción para garantizar que se establezcan medidas de reparación.
La organización consideró que hay viabilidad técnica y financiera de las energías renovables y la necesidad urgente de una transición energética, pero no a cualquier costo, sino con respeto a los derechos humanos, a los ecosistemas y a las comunidades.
Pide reglas claras para proyectos eólicos y solares
Consideró necesario que se determinen reglas claras sobre los beneficios compartidos que dejan los proyectos eólicos y solares en las comunidades, tales como la disminución o exención del pago de tarifas eléctricas.
El Estado debe respetar y garantizar el cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano, así como sus obligaciones sobre el cambio climático establecidas en convenios internacionales y recomendadas por organismos internacionales como Naciones Unidas en sus informes sobre derechos.
