La Fiscalía General de la República (FGR) debe dar a conocer el número específico de foja en el que se ubican los documentos firmados y/o realizados por el perito Raúl Pedraza Flores durante julio de 2016, radicados en el expediente del caso Ayotzinapa, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El pleno de esa instancia conoció un recurso por este caso en voz de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, en su reciente sesión efectuada hace días.
“No hay verdad que se sustente sin evidencia, cualquier caso de violación grave a derechos humanos debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, sancionado y reparar los daños que cauce a las víctimas, quienes no son las únicas vulneradas. Esto se trata de una vulneración a la sociedad en general, nada de esto será posible sin información pública que provea la evidencia requerida”.
Por medio de un comunicado, el INAI detalló que la FGR remitió una liga electrónica en el que supuestamente se encontraba la versión pública de la información requerida y que se detalló que los documentos realizados y/o firmados por el perito identificado estaban en siete tomos diversos, de los cuales proporcionó el vínculo específico para su consulta.
Inconforme, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que la FGR le proporcionó la información incompleta, pues no indicó las fojas específicas en los que se localizan dichos documentos.
En alegatos, la fiscalía agregó que se detalló la ubicación de los documentos de julio de 2016; sin embargo, consideró procedente clasificar el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de la información al considerar que su difusión podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.
En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Del Río Venegas advirtió que la información requerida ya fue admitida por parte del sujeto obligado en su respuesta inicial y a través de alegatos.
Además, el caso está vinculado con violaciones graves a derechos humanos por diversas autoridades, por lo que no resulta procedente invocar causal de clasificación y debe prevalecer la máxima publicidad de la información, por lo que la FGR deberá entregar la información.
