La utilización de hospitales privados para la atención de la pandemia de Covid-19 se contempló en el plan oficial de preparación y respuesta a la emergencia, pero no fue una opción real porque se habrían tenido camas y equipos, pero sin el personal médico.

Aunque hubo un acuerdo con las asociaciones de nosocomios e incluso se establecieron tarifas por el uso de instalaciones, los doctores no son empleados de los hospitales privados, sino que rentan los consultorios. Utilizan quirófanos y camas de internamiento que son pagados por los pacientes, explicaron ejecutivos y funcionarios consultados.

No es como en otros países, donde los hospitales privados tienen médicos contratados y para los gobiernos fue factible “tomarlos” para hacer frente a la pandemia.

Información del Inegi señala que en 2019 había en el país 2 mil 855 camas en unidades médicas privadas, de las cuales 2 mil 577 son de hospitales generales, mientras en el sector público la Secretaría de Salud (Ssa) tiene un registro de 89 mil 538 camas de internamiento generales y de especialidad.

Ante este panorama, la posibilidad de regular los servicios médicos privados y sus costos ni siquiera se consideró. Las autoridades tenían el reto de completar las plantillas de personal médico –sobre todo especialistas en medicina crítica– y de enfermería, así como aumentarlas al mismo nivel de la reconversión hospitalaria en las diferentes instituciones públicas.

De todas maneras se firmó un acuerdo, Juntos por la Salud, por el cual los hospitales privados han atendido a personas que no tienen Covid-19. Han sido partos, cirugías de apéndice y vesícula, endoscopias, entre otros servicios. El objetivo ha sido liberar los espacios de los hospitales públicos que reciben a los afectados por el coronavirus.

Entre los empresarios “había ánimo de colaboración, pero también temor” de que el gobierno federal decidiera requisar o tomar para uso temporal y obligatorio sus inmuebles, por lo que preferían el acuerdo, señalaron los entrevistados.

La mayor parte de los servicios médicos privados han sido para derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Entre abril de 2020 y enero de 2021, 21 mil 614 pacientes fueron atendidos en algún hospital privado. Más de la mitad (13 mil 633) fueron partos y cesáreas. Solamente 19 personas fueron transferidas por Covid-19. En las áreas de terapia intensiva estuvieron 25 enfermos, de acuerdo con un informe del organismo.

En cuanto al sector público, el reto fue mayúsculo para garantizar que todos los enfermos tuvieran acceso a una cama de hospital. Como ya documentó el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, entre febrero y junio hicieron falta equipos para enfermos con falla respiratoria grave que requerían de un ventilador mecánico (La Jornada, 9/2/21).

Está pendiente la revisión de lo que ocurrió en el rebrote de la epidemia a partir de octubre y los meses siguientes, cuando la cantidad de enfermos más que duplicó lo registrado en la primera curva epidémica.

Fueron frecuentes las noticias sobre familias que recorrieron clínicas públicas en busca de una cama de hospitalización sin éxito y otras que de antemano asumieron que no encontrarían lugar y se fueron a nosocomios privados, donde han tenido que cubrir los elevados costos del servicio (La Jornada, 7/2/21).