La preocupación por el destino de las minas de litio en el país ha sido manifestada por diversas organizaciones, así como por gente especialista o involucrada directamente con su extracción y procesamiento. El enorme potencial que ha venido desarrollando la industria de este material ha despertado el interés de empresarios nacionales y de inversionistas extranjeros.
No obstante que la economía mundial enfrenta un grave problema por los imprevistos ocasionados por la pandemia del SARS-CoV-2, la producción de este recurso no se ha detenido. Podríamos decir que la transición energética, aunque será más lenta en los próximos años, no se detiene. La producción de automóviles eléctricos sigue, así como la de baterías diversas, cuya fabricación dependen del litio.
Han surgido iniciativas para resguardar el litio nacional. Incluso, se han presentado propuestas interesantes para la optimización de su extracción y su utilización.
Otra de las preocupaciones tiene que ver con la posibilidad de que la explotación y su manejo corresponda en al menos 51 por ciento de inversión al gobierno federal, ya que estamos hablando de fortalecer la soberanía nacional y de cuidar los recursos naturales que tanto han sido explotados y despilfarrados por empresas extranjeras desde hace muchísimos años.
Desde su inicio, la explotación de los yacimientos de este material, no gozaron de transparencia. Hasta el momento, existen más dudas que certezas con los contratos privados firmados con empresas foráneas que han sido cuestionados desde hace años.
En el caso de Bacanora Lithium, según testimonio de personas que conocen el asunto, de esa empresa, sólo existe el nombre. Sin embargo, se sigue considerando como la instancia principal que tendrá a su cargo la explotación de ese recurso natural de alto valor industrial.
Se ha informado anteriormente, por este medio, que en el proyecto de litio para 2023 la empresa Bacanora Lithium ha conseguido créditos extranjeros por un total de 450 millones de dólares. Base que le servirá para echar a andar lo que ha llamado “etapa uno” del proyecto de extracción. Para la “etapa dos” duplicarán la producción, supuestamente, a 35 mil toneladas anuales. Pero esta cantidad dependerá del tipo de equipo de trituradoras que se utilicen. Los equipos chinos son los de más alta calidad y procesan, por ejemplo, 100 toneladas por hora con el equipo más sencillo. El equipo más sofisticado es más rápido, pero también más costoso.
Es una meta salir del extractivismo y conservar los recursos naturales para construir la infraestructura necesaria que le dé el valor agregado que tanta falta hace a la industria nacional. Sin afectar el trabajo y la subsistencia de la pequeña industria local, puede llegarse a acuerdos en buenos términos con los pequeños empresarios locales que viven de los recursos naturales de las zonas aledañas a los yacimientos de litio. Así lo ha comentado el geólogo Loreto Adrián Valenzuela, dedicado a la agronomía en Sonora.
Recordemos que la extracción que se ha llevado a cabo desde sexenios ha sido indiscriminada. No se tiene un registro comprobable de las cantidades exactas que han salido del yacimiento del municipio de Bacadehuachi, ubicado en la Sierra Madre Occidental de Sonora. Los contratos con mineras canadienses y de otras naciones han sido, a todas luces, desventajosas para el país.
Igualmente, las empresas que han licitado para su explotación deben presentar un informe de lo extraído. Por otra parte, ¿quién ha comprobado estas cantidades? Y una cuestión más, es necesario dar a conocer si los programas de extracción y tratamiento del litio han seguido los lineamientos y las normas oficiales de seguridad que se requieren.
La Constitución dice en su artícu-lo 27 que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a particulares, constituyendo la propiedad privada”.
Alejandro Armenta, senador por Morena, ha presentado una iniciativa de ley para incluir en el artículo 27 el agregado que indique que el litio es propiedad de la nación, que es imprescriptible y que no se otorgarán concesiones.
Todas las medidas que se tomen para que no sigan saqueando los recursos de la República son necesarias, pero al mismo tiempo es muy importante señalar, cuantas veces sea necesario, que se debe hacer lo posible por defender el litio, convirtiéndolo en un verdadero recurso redituable.
Poner un alto al extractivismo, logrando el valor agregado, es también una forma de defensa a la soberanía nacional y a la economía del país.
