Para que las preocupaciones de los investigadores sobre el anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, presentado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) puedan ser escuchadas, al igual que las razones de las autoridades para lanzar una iniciativa de este tipo, se requiere un espacio “genuino, abierto y de diálogo constructivo” entre las partes, señaló Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Expuso que la política en la materia “debe trascender a la coyuntura actual, a la agenda inmediata y al gobierno” en turno. Mencionó que “la autonomía debe ser una condición garantizada para que la libertad de investigación y la priorización de las agendas puedan irse desenvolviendo conforme la realidad lo demanda”.

En ese sentido, añadió, “la agenda de investigación nacional no puede estar condicionada a la gubernamental, al contrario debe estar enmarcada dentro de la lógica estatal que trascienda a los gobiernos en el tiempo”.

En el conversatorio La autonomía universitaria en riesgo ante el anteproyecto de ley del Conacyt, Roberto Rodríguez Gómez, del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior de la UNAM, expuso que si bien esta iniciativa “establece una plataforma de coordinación y de relaciones intergubernamentales, no así de gobernanza”, además, la participación del sector académico en la toma de decisiones sustantivas “es inexistente”.

Indicó que el riesgo principal sobre la autonomía es el condicionamiento de recursos para proyectos de investigación diversos a la denominada agenda de Estado, principalmente en ciencia básica.

Luis Mier y Terán, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó la importancia de que la ley en la materia contemple principios básicos indispensables como el de la libertad, que es “clave para la creación”, y la autonomía de las universidades.