La banda de los rumanos es de las organizaciones transnacionales más peligrosas, sus conexiones políticas y empresariales han llevado a muchos de quienes los han investigado a ser encarcelados o asesinados en distintos países. Ahora corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) integrar una caso sólido que podría conducir ante la justicia a empresarios y miembros de organizaciones políticas, señalaron funcionarios del gabinete de seguridad.
El hombre considerado líder de este grupo delictivo, Florián Tudor, se encuentra libre; sin embargo, pesquisas, realizadas por el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) y de las agencias de inteligencia mexicanas, refieren que está involucrado en este grupo que presuntamente durante los seis años pasados obtuvo mil 200 millones de dólares de las tarjetas de turistas en destinos como Cancún y Puerto Vallarta en los cuales se instalaron cajeros automáticos mediante los cuales se clonaban electrónicamente las tarjetas de crédito de los usuarios.
Presuntamente, la conexión que este grupo delictivo tiene con operadores hoteleros, empresarios y políticos permitió que sus negocios ilícitos crecieran cobijados por “operaciones legales”, y aportando recursos como inversiones válidas, entre ellas la creación de compañías de compra-venta de automóviles, inversiones inmobiliarias, gasolineras, filiales de servicios tecnológicos y otros rubros.
Desfalco en el aire
Mencionaron que cada tarjeta clonada era analizada y, anexo a los datos de los usuarios, también recibían información de la situación de viaje de cada turista que consideraban de alto nivel, por ello, explicaron las autoridades entrevistadas, sabían cuándo sus víctimas volarían a su nación de origen y, en ese lapso de viaje, la banda realizaba transferencias que no eran advertidas por los titulares de las cuentas hasta su aterrizaje, cuando ya no se encontraban en territorio mexicano.
Los negocios ilícitos de este grupo, con redes en Europa y Asia, incluyen tráfico de personas, explotación sexual y tráfico de drogas.
Las autoridades entrevistadas señalaron que en México el caso inicialmente correspondió a la Fiscalía Anticorrupción, pero ahora está en manos de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, e incluye el intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, así como con órganos de inteligencia del gobierno mexicano, ya que se ha considerado a este grupo como uno de los principales objetivos de las autoridades, a nivel de organizaciones como el cártel Jalisco nueva generación, aunque menos violento, pero de gran impacto financiero.
