Afines del siglo pasado se generó una polémica global sobre el papel que el sistema educativo debía tener respecto al crecimiento económico de las sociedades. Dicho debate había sido ya desarrollado a partir de las formulaciones de los teóricos neoclásicos del capital humano durante los sesenta, pero el proceso de globalización productiva brindó un nuevo brío a las preocupaciones sobre educación y desarrollo debido a que los sistemas educativos devenían enclaves fundamentales en la formación de capital humano, factor de primera importancia en la competencia económica internacional.
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari mostró un interés especial al respecto, ya que, junto al Consejo Coordinador Empresarial y al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (ahora Consejo Mexicano de Negocios), compartía el interés por modernizar al país para favorecer su integración al mercado mundial, lo cual sería potenciado con la firma del TLCAN. Para gobierno y cúpulas empresariales, uno de los rubros de dicha modernización debía ser el educativo, dada la importancia del capital humano para la atracción de inversión extranjera directa. Al respecto se pronunciaba el entonces presidente: “Es necesario enfatizar que educación de calidad significa más competitividad; pero, sobre todo, mejor educación quiere decir mejor distribución del ingreso…”. La educación encaminada a la modernización económica y social, es decir, hacia la reproducción del orden neoliberal, era la prioridad en el gobierno salinista.
Dado el interés empresarial en la educación, y considerando un supuesto expertise para generar grandes rendimientos de cualquier inversión (y dado que para el gobierno la educación representaba ya una inversión y no un gasto, retomando los principios de la teoría del capital humano), el gobierno salinista le invitó a formar parte activa del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB).
Jorge Ocejo Moreno, en aquel momento presidente de la Comisión de Educación del Sector Empresarial fue invitado al Foro de Consulta para la Modernización Educativa y a la presentación del Programa para la Modernización Educativa, realizado en Monterrey en 1989; además, los empresarios fueron incluidos formalmente al Consejo Nacional Técnico de la Educación (Conalte). En ese momento se inauguró un largo ciclo de aguda intervención empresarial en la educación pública, tanto a nivel orgánico como programático mediante distintos mecanismos, entre los cuales el uso de la puerta giratoria ha resultado fundamental para la preservación de su influencia burocrática y programática en la SEP.
Castellani explica que puerta giratoria –expresión que tiene origen en la legislación estadunidense– “alude al paso de algunas personas por altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de sus trayectorias laborales” (https://nuso.org/articulo/lobbies- y-puertas-giratorias/). La autora expone que dicho ejercicio puede realizarse de distintas formas: altos directivos del sector privado que acceden a puestos relevantes en el sector público; funcionarios que al dejar su cargo son contratados en el sector privado para ocupar puestos directivos o individuos que van ocupando altos cargos en el sector privado y el sector público alternativamente; modalidades que pueden conllevar a importantes conflictos de interés, ya sean explícitos, aparentes o potenciales.
El uso de la puerta giratoria ha sido un mecanismo de intervención importante para sectores dominantes en el campo educativo internacional. Mediante la ocupación de espacios relevantes en el sector público, grupos de interés han situado la agenda de asociaciones y ONG organizadas y financiadas por empresarios, quienes han actuado como correa de transmisión de intereses privados hacia instancias de deliberación política, presentando un supuesto interés en el bien común.
Entre muchos otros, consideremos el caso de la multimillonaria Betsy DeVos, quien en 2017 fue nombrada como secretaria de Educación en Estados Unidos; María Victoria Angulo, titular del Ministerio de Educación de Colombia, previamente directora ejecutiva de la organización Empresarios por la Educación; Agustín Batto, cofundador y director ejecutivo de Fundación Eidos, coordinador nacional de Programas del Ministerio de Educación argentino durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri y en el Brasil gobernado por el Partido de los Trabajadores (Lula y Rousseff) recordemos a Fernando Haddad, titular del Ministerio de Educación, uno de los primeros integrantes de Todos por la Educación –organización empresarial hermana de Mexicanos Primero– según su propia directora ejecutiva. Así, no resulta fortuita la adopción paulatina de criterios de mercado y gerenciales en los lineamientos de evaluación, gestión y gasto educativo.
En México, la tendencia descrita se encontró recientemente con el nombramiento de Esteban Moctezuma, ex presidente ejecutivo de Fundación Azteca, quien saltó a la SEP con el gobierno de la 4T. Esto fue habilitado por el fomento de las actividades empresariales por parte de anteriores titulares de la SEP como Josefina Vázquez Mota, aliada estratégica de Mexicanos Primero, posicionándolos como un actor central en educación y Aurelio Nuño, quien buscaba hacer de México un país maquilador “cada vez de mayor nivel” a través de la educación. Su mayor mérito fue que durante su gestión, la secretaría y el INEE se vieron capturados por intereses del sector privado.
Actualmente, la SEP es dirigida por Delfina Gómez, promotora del “emprendedurismo”, valor que podría consolidarse con el nombramiento de Martha Hernández Moreno como subsecretaria de Educación Básica, hasta hace algún tiempo directora de Diseño Curricular y Acreditación en la Universidad Metropolitana de Monterrey, vinculada estrechamente a Alfonso Romo Garza.
Nada nuevo bajo el sol. En el viejo régimen y la 4T, mientras docentes luchan por derechos, empresarios sólo giran la puerta para disfrutar prerrogativas.
*Profesor FFL-UNAM
Twitter: @MaurroJarquin
