El Instituto Nacional de Migración (INM) ha restringido de forma indebida el acceso de las personas en contexto de movilidad al programa Alternativas al Alojamiento, mediante el cual los solicitantes de asilo pueden evitar la detención, a sabiendas de que ello los pone en mayor riesgo y es violatorio de diversos tratados internacionales, advirtió la organización Asylum Access México.
En un pronunciamiento, el colectivo civil advirtió que el INM “criminaliza” a los peticionarios al considerar que su entrada al país sin documentos y sus condiciones de viaje implican “malos antecedentes”, y que por lo tanto su detención es necesaria para proteger la seguridad pública del país.
De igual forma, subrayó que los solicitantes de asilo “huyen de la persecución y violencia generalizada en sus países de origen, y llegan a México buscando protección y una nueva vida más segura”, y aunque el país durante muchos años sostuvo una tradición de acogida a estos grupos vulnerables, los recientes gobiernos la han “abandonado” al perseguir, criminalizar y encerrar a los trabajadores internacionales.
En ese contexto, recordó que desde 2016 el INM implementó el programa Alternativas al Alojamiento, el cual permite que las personas continúen el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado en condiciones de libertad. Así, pueden mantener la unidad familiar, buscar un trabajo, recibir atención médica e integrarse en la comunidad local, entre otras oportunidades.
Sin embargo, las autoridades migratorias han restringido el acceso a dicho programa, con el argumento de que la salida de los centros de detención “se acota a todos aquellos que cuenten con malos antecedentes” y que se pretende “proteger la seguridad pública de los ciudadanos con aquellos extranjeros que cuenten con malos antecedentes”, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia hecha por Asylum Access.
“El INM trata a las personas solicitantes de asilo como criminales que constituyen un peligro para la sociedad mexicana, a pesar de que son víctimas que huyen de situaciones peligrosas y buscan protección en México, tal como es su derecho”, recalcó la organización.
