¿Para qué sirve el aparato de justicia si los gobiernos federal y estatales ignoran descaradamente los resolutivos judiciales que se han emitido a favor de los pueblos? Existen nueve suspensiones de plano que impiden la operación de la termoeléctrica de Huexca, que es parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y al menos seis contra el Tren Maya en la Península de Yucatán. Pero los ignoran descaradamente y las obras continúan avanzando. Ni siquiera la pandemia ha podido detener los planes presidenciales que “van porque van”.
En septiembre de 2020, desde Palacio Nacional se anunció la inminente puesta en marcha de la termoeléctrica que, como muchos de los megaproyectos actuales, está bajo resguardo de la Guardia Nacional. Desde entonces reiniciaron las pruebas que generan un ruido parecido al despegue de un avión, que alcanza 110 decibeles durante el día, cuando debería oscilar entre 55 y 60 en una zona habitacional. A la contaminación auditiva, denuncian desde Huexca, se suma el hallazgo, esta semana, de decenas de peces muertos en la barranca Los Papagayos, cercana a la termoeléctrica.
“Cualquier funcionamiento de la termoeléctrica es ilegal e implicará un robo de nuestra agua”, denuncian el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) y los integrantes del Campamento Zapatista. Insisten en que hay vigentes nueve suspensiones de plano que impiden que se disminuya el caudal de agua que disfrutan los ejidos que están abajo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
En la Península de Yucatán sucede lo mismo que en Morelos, donde, advierte Pedro Uc, de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, “siguen trabajando en las obras del mal llamado Tren Maya, a pesar de los amparos y las suspensiones que existen contra las obras del megaproyecto, y “usan como trampa que no están construyendo, sino rehabilitando”.
Lo que ocurre es que se está pasando por encima de los derechos de los nahuas de Morelos y de los mayas de la Península. Todo parece indicar que el Poder Judicial está subordinado al Ejecutivo. Y entonces, ¿dónde queda la voz de los pueblos originarios que insisten en la defensa de su territorio por la vía legal?
