No son las decenas de miles de maestros y maestras que hasta hace poco llenaban las calles y Zócalo de la capital, pero la presencia de la Caravana de la Coordinadora desde Michoacán y Jalisco trae el mensaje claro de que en México tampoco en este sexenio se ha resuelto la problemática de la relación del Estado, gobiernos y legislaturas con la educación pública. Es decir, la relación con los estudiantes y sus escuelas y comunidades y con los maestros y académicos del país. Es una relación, además, cada vez más resistente a los vientos de participación y conocimiento, democracia y bienestar, y que especialmente en las pasadas dos décadas ha hecho crisis: UNAM (1999-2000 y 2019-2020); IPN (2014); UAM (2008, 2019); nivel básico debido a la modernización neoliberal y su intocado andamiaje (2006, 2010, 2012-2018, 2020 en adelante), en las normales (Ayotzinapa, Mactumaczá, Tiripetio, El Meche y otras) y una docena de universidades presupuestalmente postradas durante años.
En ausencia de una visión y acciones para establecer una nueva relación, las erupciones surgen violentas, se reprimen o remiten y quedan a la espera de condiciones apropiadas para repetirse una y otra vez. Como ahora que comenzaremos a salir a un panorama crispado: la frustración que ha generado el desempeño de la SEP de Moctezuma Barragán; la desesperación y tensión del confinamiento; la angustia y depresión por los contagios y las muertes cada vez más cercanas; la ausencia enorme de una conducción democrática y de Estado; la centralización autoritaria contra los intentos de organización de maestros y estudiantes y, para colmo, el balde de agua fría de la promesa de la nueva secretaria de educación: ni siquiera para que nada cambie habrá algunos cambios.
El problema de la relación Estado-educa-ción y sus actores, es que por razones históricas y de Estado se creó y se mantiene no un sistema educativo, sino uno preponderantemente de control (corporativo, presupuestal, político, social, ideológico), que una y otra vez reprime y se alza sobre las necesidades propias de un verdadero proceso educativo. O, si responde a ellas, es sólo para burocratizarlas y generar autoritarismo y verticalidad (véase el manejo de la pandemia o la Ley General de Educación Superior). Un sustrato inestable y tenso, inadecuado para sostener e impulsar una educación creativa, libre, autónoma, funcional, capaz de apasionar a niños y jóvenes, a sus maestros y comunidades. La educación básica y universitaria funciona entonces a partir de la coacción burocrática, no del entusiasmo y organización de comunidades.
Hay dos aspectos claves en ese sistema de control: la negativa a la participación democrática de los profesores y estudiantes y comunidades en escuelas e instituciones de todos los niveles y, como consecuencia, el trato de segunda a quienes han hecho de la educación su profesión y compromiso de vida. En otras palabras, no a la participación democrática –desde el aula hasta el sistema en general, pasando por el programa, escuela o institución, zona, entidad, región, nación. Participación que es clave para una revitalización creativa de la educación y que tiene como componente indispensable el trato digno a sus trabajadores, en lo económico y en lo profesional, a fin de tener condiciones y tiempo para reflexionar y construir conocimiento junto con los estudiantes. Parafraseando a la CNTE, democracia y más salario.
En lugar de eso, en México se ha creado una castrante relación con docentes e investigadores de todos los niveles. Se les subordina y excluye de la conducción de la educación y hasta de la participación en la determinación de sus condiciones de vida y trabajo. Así, para el nivel básico, constitucionalmente (artículo 3, párrafos seis y siete) corresponde al Estado fijar las condiciones de trabajo de los docentes tomando como referencia no lo que se establece en la norma laboral máxima del país para todos los trabajadores (artículo 123) sino disposiciones “especiales” como la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, que, como en tiempos de Peña Nieto, excluye la bilateralidad efectiva y niega plazas estables a egresados de normales. Y en las universidades, situación semejante. En el tercero constitucional (fracción VII) se dice que “el ingreso, promoción y permanencia” de los académicos lo definirán “las universidades” (es decir, “unilateralmente las autoridades”). Y de ahí la precariedad académica, plazas congeladas o “ya apalabradas”, cargas académicas y su recompensa económica fuera del ámbito bilateral. Por eso, la queja que traen maestros de Michoacán y Jalisco es perfectamente válida: no hay cambio, ni, menos, transformación. Y, con sólo venir y decirlo, abren la puerta a pensar en la profundidad y dirección del cambio que necesitamos. Por eso, ¡Bienvenida la Caravana!
