Buenos Aires. El gobierno del presidente Alberto Fernández manifestó su “grave preocupación” por la violación de la soberanía argentina, por el paso del submarino estadunidense USS Greeneville por el Atlántico Sur y recordó que “portar y emplear armamentos nucleares” en esa área va en contra de resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El submarino tuvo apoyo de Gran Bretaña, que mantiene una base militar en Mount Pleassant en Islas Malvinas, que están bajo ocupación colonial británica desde 1833.

La información que surgió de la cuenta oficial de Twitter del Commander Submarine Force Atlantic señaló “que operaron con apoyo británico en el Atlántico Sur, demostrando el alcance global de ambas naciones”. El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego fue el que denunció la presencia del submarino, al que consideró en “flagrante violación” a los acuerdos internacionales.

El comunicado de la cancillería señaló que el transporte de armamentos nucleares en el Atlántico Sur contradice la Resolución 41/11 de la ONU, que declaró al Atlántico Sur como zona de paz y cooperación.

La presencia de una base militar británica en las Islas Malvinas de por sí es contraria a distintas resoluciones de la ONU que demanda negociaciones entre las partes en la cuestión de la soberanía argentina en las Malvinas. “La utilización de esas fuerzas instaladas ilegalmente para objetivos geo estratégicos globales son una demostración acabada de que los argumentos utilizados por el Reino Unido nada tienen que ver con la relación bilateral con la Argentina”, sostiene el comunicado de la cancillería argentina que además lamentó “que cuando estamos cumpliendo 50 años del Tratado de No Proliferación Nuclear, las relaciones internacionales se busquen seguir construyendo sobre la base de la extensión de las capacidades militares”.

Fernández advirtió que “es muy difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos” ante una serie de maniobras de los integrantes de la llamada “mesa judicial”, que fue parte activa en el trazado de judicialización de la política, instaurada durante el anterior gobierno de Mauricio Macri para perseguir a opositores.

Esta ofensiva judicial que se desarrolla con total impunidad y participación de los medios de comunicación aliados a la derecha que gobernó el país entre 2015 y 2019, se incrementó en los últimos días con diversas decisiones que muestran una insubordinación de sectores judiciales.

En una reciente resolución la Corte Suprema validó una condena de jueces de la provincia de Jujuy contra la dirigente social Milagro Sala, en una causa por una protesta contra el gobernador de esa provincia Gerardo Morales.

Recientemente esa “mesa judicial” decidió sacar de manos de jueces independientes las causas por espionaje, extorsión y otros, en un esquema activo de persecución política y armado de causas falsas durante el gobierno de Macri, para pasarla a los Tribunales que sesionan en la avenida Comodoro PY, donde se nuclean juzgados y magistrados, algunos de los cuales están involucrados como partícipes de estos delitos.

Todos los límites se han desbordado. En este caso el presidente afirmó que es “imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”.

El comentario Fernández coincide con un documento elaborado por la Ministra de Justicia, Marcela Losardo quien dio a conocer resultados de una encuesta que revela que 87.9 por ciento de los consultados dijo confiar “poco y nada” en el Poder Judicial, lo que demuestra que “una inmensa mayoría de los argentinos son críticos y escépticos ante el proceder de sus miembros”.

Estas críticas surgieron después que la cámara federal de casación dispuso pasar la investigación sobre el espionaje realizado durante el gobierno de Cambiemos contra la oposición a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide en los tribunales de Comodoro Py, como exigían los integrantes de la derechista alianza Cambiemos.

“Con esta decisión del máximo tribunal penal federal del país, las dos causas abiertas que investigan el espionaje ilegal a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner y al Instituto Patria, por un lado, y a políticos, funcionarios, referentes sociales y detenidos en cárceles federales, por otro, quedarían a cargo de la juez María Eugenia Capuchetti.

Uno de los hechos más graves que sucede es que el fiscal Carlos Stornelli, procesado por espionaje ilegal por el juez federal de Dolores, provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, tendría participación en esta causa que se tramitará ahora en esta capital.

“El fallo de la Corte Suprema confirmando la condena a Milagro Sala es doblemente escandaloso porque ignoró los atropellos institucionales que viciaron la constitución del Poder Judicial jujeño bajo la batuta de Gerardo Morales. Y también porque la causa en la que se la acusaba de amenazas era manifiestamente inconsistente sostiene Losardo en su documento.

Agregó que “la Corte desperdició además una oportunidad de mejorar su desleída imagen. No tuvo en cuenta que la persona a la que iba a condenar a dos años de prisión llevaba ya cinco años presa. Ni tampoco le importó que el presidente haya destacado muy recientemente la particular gravedad institucional de la situación que atraviesa Milagro”. Losardo sostiene que el poder judicial “como tantos otros, se ha inclinado ante el mayor de los poderes de este país: en estos tiempos de gran concentración económica y mediática”

La ministra recordó que Fernández se comprometió a poner fin a los sótanos de la democracia. Así, los servicios de inteligencia ya no operan en tribunales, propuso al Congreso Nacional una reformulación de la Justicia Federal y analiza las propuestas de reforma de un comité de juristas.