Guadalajara. En el treceavo aniversario luctuoso del niño Miguel Ángel López Rocha tras caer al río Santiago en el municipio de El Salto y morir envenenado por ingerir accidentalmente agua del cauce, grupos ambientalistas exigieron la construcción de un hospital de especialidades ya que en la zona suman 2 mil 374 personas que han muerto durante ese tiempo por enfermedades crónicas atribuibles a la contaminación.

“Tan sólo en el año reciente murieron 178 personas, la mayoría enfermas desde antes de cáncer o insuficiencia renal, pero 89 de los que murieron lo hicieron porque también se contagiaron de Covid-19”, dijo Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto.

Desde la muerte de Miguel Ángel, el comité se ha dedicado a documentar los casos de enfermos y muertos por padecimientos crónicos derivados presuntamente de la convivencia con el río en el área de El Salto y un pequeño polígono de influencia en Tonalá y Tlajomulco.

“Además la pandemia vino a acortar la calidad de vida a quienes ya estaban enfermos”, agregó Muñoz.

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), a través de redes sociales, recordó que este sábado Miguel Ángel cumpliría 23 años de edad.

“Que su memoria y la de todos los niños y las niñas que han muerto por la grave contaminación industrial en la cuenca del río Santiago y lago de Chapala, se convierta en luz y justicia. El aniversario de la terrible muerte nos recuerda cada año que las empresas son intocables”, señaló el IMDEC.

Además de la construcción de un hospital de especialidades, los colectivos insisten en que se inicie por fin un estudio epidemiológico en toda la región de influencia del río Santiago y el lago de Chapala, donde el índice de enfermos de males renales es el más alto del país como lo confirman los más de 5 mil jaliscienses en lista de espera de un trasplante de riñón entre los 15 mil que existen a nivel nacional.

Apenas hace una semana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer un estudio que mostró que las afectaciones ambientales en al menos 149 localidades aledañas al río Santiago y al lago de Chapala son, en su mayoría, producto de la actividad industrial y las descargas que realizan cientos de factorías en ambos cuerpos de agua.

El estudio, que realizaron especialistas locales y nacionales independientes, concluyó que es necesario declarar una moratoria para evitar más descargas industriales en el corredor que incluye a El Salto, Juanacatlán, Poncitlán y Tonalá.

Se realizó para dar respuesta a las medidas cautelares 708/19 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 7 de febrero del año pasado al Estado mexicano, las cuales buscan detener las fuertes afectaciones a la salud humana producto de la contaminación en esa zona.

El gobierno estatal no ha dado respuesta a la propuesta de moratoria de descargas industriales en el Santiago y el gobernador Enrique Alfaro sólo ha tocado el tema de forma superficial recordando que se “invierten” 811 millones de pesos en la construcción de plantas tratadoras de aguas negras, a pesar que desde la muerte de Miguel Ángel han menudeado las recomendaciones para realizar estudios de salud pública y se atienda a los miles de enfermos.

Al contrario, Alfaro anunció que dentro de un mes máximo ya no llegará a la ciudad agua proveniente de la presa Calderón, por lo cual se extraerá más al lago de Chapala para suplir el faltante, a pesar de los altos índices de contaminación de dicho cuerpo de agua como han encontrado múltiples estudios a lo largo de los años reciente.