En breve será presentada la iniciativa de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo plazo para su aprobación es el 17 de junio próximo, se informó durante la sesión donde senadores, diputados federales y locales, y expertos dialogaron sobre la construcción de lineamientos y temas que debe dicho marco normativo.

En reunión virtual, legisladores de diversos partidos políticos destacaron la voluntad del Congreso de sacar adelante dicha iniciativa en el actual periodo legislativo, el cual concluye el 30 de abril próximo, aunque el plazo constitucional establecido como fecha límite vence el 17 de junio.

Lo anterior, luego de que en octubre pasado, la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad una reforma legislativa en la materia, donde se reconoce el derecho constitucional de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Durante la sesión de este jueves, el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés) presentó a los legisladores y especialistas los aspectos principales que deben ser considerados para el desarrollo de la nueva ley sobre movilidad y seguridad vial.

Las sugerencias presentadas son resultado de una iniciativa multisectorial denominada “Diálogos para la generación de lineamientos y temas a legislar, hacia una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”, realizada tras la convocatoria del Senado y la Cámara de Diputados a la participación ciudadana.

Mediante este proceso, que consistió en cinco mesas de diálogos, se lograron consensuar varios ejes rectores que deberá considerar la ley para hacer garante el derecho a la movilidad y su aplicación en el territorio nacional. El resultado fue una serie de 10 lineamientos, entre los cuales están incluir disposiciones que promuevan una visión triple cero de la movilidad, es decir, cero muertos y heridos en hechos viales, cero emisiones y cero exclusión.

También propone que el contenido de la ley sea de carácter general y evitar sobrelegislar; definir y delimitar roles y responsabilidades de los tres niveles de gobierno, y establecer mecanismos para promover la planificación de la movilidad a nivel nacional y local.

Otros más, son el desarrollar contenidos sobre temas esenciales de la movilidad y la seguridad vial, promoviendo la homologación y estandarización de los temas a nivel nacional; establecer mecanismos de financiamiento que refuercen las líneas existentes y crear nuevas disposiciones sobre fuentes alternativas de financiamiento, e integrar mecanismos de gobierno abierto para promover la participación ciudadana y la transparencia en el gasto público.

“Vamos a tratar de construir el consenso para que en este período legislativo podamos tener esta ley, antes del 17 de junio, que es el plazo que nos da la constitución para tener esta ley”, dijo Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado.