Ciudad de México. Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), acusada de ejercicio indebido del servicio público y causar, por omisión, daño al erario por más de 5 mil millones de pesos, está dispuesta a declararse culpable a fin de que el Ministerio Público Federal abra la posibilidad de acogerse al criterio de oportunidad y aporte información relacionada con la estafa maestra.

La ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio de su defensa, ofreció aceptar el procedimiento abreviado y recibir la sentencia mínima que establece la ley, que es de dos años de prisión.

Robles fue detenida en agosto de 2019 y el 13 de este mes cumplirá año y medio recluida, por lo que soló le faltarían seis meses para que se consume la probable condena, indicaron funcionarios judiciales.

El juez del caso, Ganther Alejandro Villar Ceballos, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la defensa de Robles que tienen cinco días para informar cuándo iniciarán las negociaciones y que el próximo 26 de febrero, fecha para la próxima audiencia, ya se tengan avances.

De esa manera, la fiscalía abrió ayer la posibilidad de una salida negociada a la acusación de ejercicio indebido del servicio público, ya que durante la gestión de Robles sus subalternos Emilio Zebadúa –quien fungía como oficial mayor– y Ramón Sosamontes, secretario particular, habrían dirigido una red de corrupción que involucró a universidades y empresas en la llamada estafa maestra, es decir, la presunta contratación de servicios y obras por medio de instituciones públicas con empresas fachada para desviar recursos del erario por más de 5 mil millones de pesos.

Viejos conocidos

Por no haber actuado durante su gestión a pesar de las irregularidades detectadas y reportadas por la Auditoría Superior de la Federación, la FGR acusó a Robles de ejercicio indebido y provocar daño al erario por omisión.

Ella ha señalado que es objeto de persecución, pues a pesar de que el delito que se le imputa no está tipificado como grave, no se le ha permitido enfrentar su proceso en libertad, pero también señaló en una misiva, al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, que ambos formaron parte del gabinete de Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue jefe de Gobierno en la capital.

En un principio, Robles se negó a colaborar; sin embargo, su posición cambió cuando Zebadúa y Sosamontes comenzaron a negociar acuerdos con la FGR para obtener beneficios jurídicos, por lo que finalmente decidió solicitar que se le autorice formar parte del llamado criterio de oportunidad, es decir, que el Ministerio Público le otorgue beneficios como una disminución de la pena o no imputarle más acusaciones a cambio de que entregue datos que lleven a la judicialización de ex funcionarios que participaron en la red de corrupción.

Contra ella se libró una orden de aprehensión por delincuencia organizada relacionada con algunos casos de desvío de recursos, pero no ha sido cumplimentada, y con la negociación esos cargos podrían retirarse.

Todo esto forma parte del escenario que se construyó luego de que se informara al juez de la negociación entre la defensa y la FGR, así como la aceptación inicial “para alcanzar una salida anticipada”.

El juez Villar Ceballos emplazó al Ministerio Público a entregar en un periodo no mayor a cinco días el planteamiento para que sea la propia fiscalía la que busque de manera directa a Robles, ya que se encuentra internada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, a fin de formalizar las negociaciones.