A partir de abril de este año entraría en funciones la figura de gobernador de Palacio Nacional, que se revive de la época de mediados del siglo XIX, de acuerdo con la propuesta del titular del Poder Ejecutivo.
Palacio Nacional inició su construcción en 1522 y se convirtió en un lugar de referencia donde han residido diversos gobernantes y poderes de la Unión. Debido a que actualmente en ese sitio reside el Presidente de la República se hace necesario que se retome la figura de gobernador de Palacio Nacional, expone el documento.
Según el acuerdo enviado el martes 9 de febrero por el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), el gobernador de Palacio Nacional será el encargado de resguardar y mantener el recinto en buenas condiciones para el aprovechamiento del titular del Ejecutivo federal.
Se instruye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a crear una unidad administrativa adscrita, la cual estará a cargo de un servidor público a quien se le denominará gobernador de Palacio Nacional y quien será designado por el Ejecutivo. Las erogaciones se cubrirán con cargo al presupuesto de la SHCP.
Quien sea designado por el Presidente en el cargo tendrá que supervisar las condiciones físicas de las instalaciones en las que el titular del Ejecutivo resida y lleve a cabo sus actividades dentro de Palacio Nacional.
Dar seguimiento y, en su caso, ejecutar las instrucciones del Presidente relacionadas con la protección, conservación, restauración y/o mantenimiento a las instalaciones.
Proponer a la conservaduría de Palacio Nacional la elaboración de estudios y propuestas para la asignación de áreas y optimización de espacios en ese lugar, en particular de aquellos espacios en que el Presidente resida y lleve a cabo sus actividades dentro de Palacio Nacional, entre otras.
El acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la SHCP contará con un plazo de 60 días naturales a la entrada en vigor para realizar las adecuaciones al marco jurídico aplicable para dar cumplimiento.
