Pederastia, machismo y clericalismo se someten a juicio en Ciudad Juárez, Chihuahua. El proceso judicial contra el cura Aristeo Baca por presuntas violaciones y abuso sexual en perjuicio de una niña, ha servido para que la sociedad se informe y discuta sobre estas cuestiones, gracias al activismo de las organizaciones de mujeres.
Baca, de 76 años, fue detenido en febrero de 2019 tras la denuncia de los padres de una niña quien servía de monaguilla en su parroquia. Presuntamente la menor fue violada dos veces por el cura y abusada, una. Al eclesiástico se le decretó arresto domiciliario y el 25 de enero comenzó formalmente su juicio.
A organizaciones civiles preocupa que en el juicio pesen cuestiones que favorezcan la impunidad: Baca se distinguió por desarrollar importantes obras asistenciales: un hospital, una escuela, un asilo para personas mayores, entre otras. Goza de un gran capital simbólico y de una amplia red de relaciones en Ciudad Juárez y en El Paso. Además del apoyo de la jerarquía eclesial, se integró un equipo de abogados para su defensa, al cual se sumó el secretario del ayuntamiento de Juárez, quien inicialmente pidió licencia para defender a Baca.
Esto ha hecho que organizaciones sociales, como la Red Mesa de Mujeres, Sin Violencia, Compañero, la Organización Popular Independiente y el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora desarrollen un movimiento para exigir un juicio justo, conforme a la ley de víctimas, desde una perspectiva de infancia y de género, para proteger la confidencialidad de la menor y exigir la reparación del daño. Han desplegado acciones para denunciar la protección al cura por el obispado y de la administración municipal, lo que condujo a que el abogado secretario del ayuntamiento tuviera que renunciar definitivamente a su cargo y la presidencia municipal se deslindara.
Las organizaciones a diario difunden una infografía diferente para las redes sociales, se plantan a las puertas del penal donde se efectúa el juicio; hablan con la prensa, han creado los hashtags #JuicioSinPrivilegios, #LasNiñasNoSeTocanNoSeViolan. El 5 de febrero montaron el foro virtual #YoSiTeCreo para analizar la responsabilidad de la Iglesia en el acompañamiento a las víctimas. Invitaron al padre Claudio Murrieta Ortiz, teólogo de la liberación, acompañante de familiares de víctimas de la Guardería ABC, de Hermosillo. Al ex sacerdote Alberto Athié, derecho-humanista, asesor de víctimas de pederastia y al padre Camilo Daniel, escriturista y activista social.
Athié, quien compareció como testigo experto en el juicio, afirmó: “La iglesia ha tendido más a proteger a los abusadores y a su imagen que a proteger a los niños”. Considera que el juicio contra Baca representa una oportunidad de justicia para la víctima, pero también abre una puerta de esperanza para otras personas que han denunciado la pederastia clerical en el país.
En una carta bien fundamentada en la doctrina católica Camilo Daniel señala: “Me acompañan sentimientos de pesar y de decepción por el modus operandi durante tanto tiempo, especialmente de la jerarquía de la Iglesia, esforzándose por ocultar esta lacra en el seno de la propia comunidad eclesial, muchas veces revictimizando a las víctimas, con tal de preservar una “buena imagen de la Iglesia”. Resalta que detrás de los abusos sexuales cometidos por clérigos radican factores como el uso del poder religioso, el clericalismo, la cultura machista lo que lleva a minimizar las atrocidades cometidas en perjuicio de las víctimas y a revictimizarlas por la manera en que quienes defienden al agresor presentan los hechos y desestiman las acusaciones.
Junto a las organizaciones sociales también han intervenido el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y la Comisión Estatal de Víctimas, que se han pronunciado públicamente para que se vele por el interés superior de la niña y se hagan efectivos sus derechos de víctima.
La niña apenas contaba ocho años cuando fue violada la primera vez. Gracias a una clase de educación sexual en la escuela se hizo consciente de que con ella se estaba cometiendo un delito y sólo entonces se animó a comentarles a sus padres. Un hecho que viene a demostrar la utilidad de esa educación y la necedad de los grupos conservadores que quieren instaurar en el país el llamado pin parental.
Gracias a la insistencia de las organizaciones, el Ministerio Público y la asesora jurídica de la víctima reclamaron la campaña en medios de comunicación que presuntamente inició la defensa del cura, para difundir en entrevistas sus teorías sobre el caso, invisibilizar a la niña, y proporcionar datos indebidos sobre la menor. La jueza y los dos jueces del tribunal respondieron apercibiendo al sacerdote y a su defensa a que eviten la revictimización de la niña y recuerdan la presunción de inocencia del acusado.
El juicio está por terminar, pero las mujeres organizadas de Juárez han tenido logros importantes: colocar el asunto en la esfera pública; contener los poderes establecidos que favorecen al sacerdote, cuestionar el clericalismo y el machismo, proteger los derechos de la víctima. No cejarán hasta lograr justicia plena y restitutiva.
