La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la fundamentación de la iniciativa, el aumento en ventas de energía derivado de la misma permitiría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementar su utilidad en un monto anual de entre 14 mil 308 y 135 mil 558 millones de pesos, si bien en el corto plazo podría provocar un pasivo contingente de hasta 451 mil millones de pesos, sujetos a la cantidad de contratos con privados que se vean afectados. Tras analizar los diversos impactos del texto, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara consideró que tendrá un “efecto positivo en las finanzas de CFE”.
Como ha reiterado el mandatario, el propósito fundamental de la reforma es dar prioridad al despacho de energía que produce el Estado por medio de la CFE, a fin de revertir un esquema de privatización en el que se benefició a un puñado de empresas en detrimento de los intereses nacionales.
La normatividad que actualmente rige la relación comercial entre la CFE y los generadores privados de energía eólica o fotovoltaica es un claro ejemplo de los extremos a los que se llegó durante las administraciones neoliberales: la compañía del Estado se encuentra obligada a comprar a los particulares su producción y frenar la que realiza con su propia infraestructura, la cual permanece ociosa; pero las fuentes de energía de los primeros presentan una alta intermitencia y la CFE no tiene otra opción que invertir en plantas de respaldo que le permitan mantener un suministro constante a sus usuarios –es decir, a ciudadanos, hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, industrias– cuando las condiciones climáticas impiden la operación de las turbinas o las celdas solares. A su vez, esta necesidad impuesta de plantas de respaldo dio paso a toda una cadena de saqueo en la cual un contratista privado construye una central de ciclo combinado a gas natural, así como los gasoductos que llevan el combustible hasta ella, cobra al Estado por estos servicios y mantiene la propiedad de las instalaciones.
El daño financiero es colosal pero dista de ser el único. Forzar parones en la producción eléctrica de la CFE para mantener andando el negocio de los privados ha traído consigo episodios de devastación natural y humana, los más dramáticos de los cuales son las inundaciones periódicas que padece la población tabasqueña. En octubre pasado, López Obrador denunció estas catástrofes como un saldo nefasto del manejo de las instalaciones hidroeléctricas bajo una óptica neoliberal, es decir, privilegiando el lucro por encima de cualquier otra consideración: en los sexenios anteriores, la CFE mantuvo sus hidroeléctricas de la cuenca Grijalva-Usumacinta trabajando a su mínima capacidad, con la consiguiente acumulación de exceso de agua en las presas; cuando las lluvias amenazaban con desbordarlas, el líquido se soltaba de golpe y arrastraba todo a su paso.
Tampoco puede soslayarse la perversidad intrínseca que subyace en la política energética de los cinco sexenios anteriores, consolidada por la reforma constitucional aprobada durante el peñato al amparo del Pacto por México. Tal perversidad radica en aplicar el principio de la libre competencia entre actores asimétricos en su funcionamiento y sus objetivos: al contrario de las empresas privadas, que no buscan sino la maximización de sus ganancias, la Comisión Federal de Electricidad tiene una misión social y de palanca del desarrollo nacional, por lo cual sus inversiones no están ni pueden estar orientadas al lucro sino a la satisfacción de necesidades y de prioridades estratégicas para el país.
Por último, debe rechazarse la falacia de que la reforma presentada el primer día del mes suponga una defensa de los combustibles fósiles o un ataque a las energías limpias, una especie que poderosos intereses corporativos tratan de instalar mediante su influencia en los medios y la academia para desviar la atención del verdadero objeto de debate. Tanto el Plan de Negocios 2021-2025 de la empresa productiva del Estado como sus directrices presupuestarias y los acuerdos de colaboración que ha signado muestran que lo que se encuentra en juego son la recuperación de la soberanía nacional y el empeño por acabar con décadas de saqueo del erario.
