Chihuahua, Chih. La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial de Chihuahua incurren en prácticas dilatorias para que prescriba una causa penal contra la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, quien permanece impune junto a la mayoría de involucrados en la “nómina secreta” del entonces gobernador César Duarte Jáquez, mediante la cual recibió sobornos por 9.3 millones de pesos, acusaron los abogados del partido Morena Román Alcántar Alvídrez y Óscar Castrejón Rivas.

En conferencia de prensa simultánea en Ciudad Juárez y la capital del estado, los defensores denunciaron la ausencia de información pública respecto al desfalco que realizó el ahora ex gobernador priísta e involucró a legisladores, periodistas e incluso obispos.

La FGE no ha generado ninguna orden de aprehensión contra María Eugenia Campos, mientras el Poder Judicial estatal ha diferido en dos ocasiones la audiencia para formularle cargos por el delito de cohecho.

Se observan irregularidades en las actuaciones del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y se advierte una clara actitud permisiva hacia Campos Galván, en dos procesos que se siguen en su contra, para alargar el proceso jurídico, coincidieron.

Criticaron que la Secretaría de la Función Pública se excusa en que no es competente para investigar a Campos Galván, pues su ámbito es únicamente servidores o ex servidores del Poder Ejecutivo Estatal y la actual candidata del PAN era diputada local y pertenecía al Poder Legislativo cuando recibió presuntamente los sobornos.

El abogado Román Alcántar, diputado suplente de Morena por el Distrito local 07 con cabecera en Juárez, adelantó que “se vigilará que las próximas audiencias a celebrarse no sean diferidas, “bajo la normatividad vigente, los procesos que se le siguen a Campos Galván por el caso tanto de la nómina secreta de César Duarte Jáquez y por cohecho, no pueden diferirse otra vez y tras la formulación de cargos se debe resolver la situación jurídica de los acusados”.

De ocurrir, advirtió, se violentará el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ordena celebrar la audiencia inicial dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud.

“Los chihuahuenses estamos cansados de que la justicia sea obstaculizada por el influyentismo y el compadrazgo que se da en todos los niveles del aparato de Justicia en el Estado, por eso estaremos atentos de las acciones que realice el abogado, Francisco Molina, quien fungía como Director Administrativo del Tribunal Superior de Justicia”, declaró.

En la conferencia de prensa simultánea también participaron la coordinadora de la Comisión Ejecutiva de Morena, Luz Elia Marín Rentería; así como el coordinador de la Comisión de Cultura de Morena, Félix Manuel Lazos Ibarra, quienes expresaron su preocupación por el estado que guarda el proceso en contra de la precandidata panista al gobierno estatal.

Por su parte, Oscar Castrejón explicó que la Directora General de Investigación de la Secretaría de la Función Pública local, María Antonia Arreola Valenzuela, confirma a través de oficio que entre los años 2014 y 2015 la Secretaría de Hacienda entregó los 172.6 millones de pesos a 34 personas, con el modus operandi de cheques endosados a la empresa de traslado de valores para la entrega posterior del dinero en efectivo, pero sólo 14 de quienes recibieron los sobornos eran empleados o funcionarios de la administración estatal anterior por lo que no puede proceder contra la mayoría de los involucrados.

Dijo que debe haber proceso penal contra María Eugenia Campos, “por su implicación en la nómina secreta, al haber recibido recursos públicos por orden del exmandatario, y el entramado que se vislumbra de influyentismo entre su defensa jurídica y el Poder Judicial, que han logrado aplazar la audiencia vinculatoria y buscan la prescripción del delito”.

“El entramado de influencias y corrupción que pudiera estar operando para proteger a Maru Campos, es una acción contra los ciudadanos y el pueblo chihuahuense”, enfatizó.