Santiago. El gobierno chileno anunció que expulsará a casi 2 mil migrantes que ingresaron de manera irregular al país desde Bolivia en las últimas dos semanas por un diminuto poblado fronterizo, para lo cual comenzarán a realizarse, a partir de hoy, vuelos de repatriación a Colombia y Venezuela en aviones militares.
Desde el primero de febrero, la localidad altiplánica de Colchane –de unos 300 habitantes del total de mil 700 que habitan en la comuna homónima y ubicada en la región de Tarapacá a 2 mil 15 kilómetros al norte de Santiago y fronteriza con el poblado boliviano de Pisiga–, ha sido copada por oleadas diarias demigrantes que llegan caminando, la mayoría venezolanos, pero también colombianos y peruanos.
A Colchane, según su alcalde Javier García, en las últimas dos semanas arribaron unas mil 800 personas, de las cuales unas 230 son niños y menores, provocando una crisis humanitaria, porque el pequeño poblado carece de la infraestructura elemental para atender con lo básico a esa multitud, que llega literalmente sin nada, hambrienta y con urgencia de atención médica y hospitalaria.
García ha sido firme en que no quiere ver a su comuna convertida en “un campamento de refugiados”.
Unos 700 de estos migrantes han sido trasladados en autobuses hasta Iquique, capital regional, unos 270 kilómetros al oeste de Colchane, donde además de darles atención sanitaria, se les ha aislado para realizar cuarentena sanitaria.
Será desde Iquique, según anunció el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, desde donde comenzarán este miércoles a ser repatriados los primeros 100 en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).
Delgado, junto con sus colegas de Defensa y de Relaciones Exteriores, viajó ayer a Colchane, donde comunicó los planes oficiales. “Tenemos un proceso de expulsión que continúa mañana, sale de Iquique con más de 100 personas, la mayoría van a ser expulsadas por ingresar por vías no habilitadas. Es un vuelo FACH, como se ha hecho en otras ocasiones. La particularidad es que sale directamente de Iquique” .
Se trata de la continuación de una política migratoria piñerista, que en dos años expulsó a alrededor de 3 mil extranjeros que residían ilegalmente o porque cometieron delitos.
En tanto, enterado de la presencia gubernamental en su comunidad, el alcalde García reaccionó indignado, acusó una “falta de respeto”, porque “una vez más llegan altas autoridades de Santiago, en esta oportunidad tres ministros, arriban de manera improvisada, sin realizar ninguna coordinación con esta alcaldía ni con los dirigentes de las comunidades indígenas ni las juntas de vecinos”, se quejó.
