Con todo y chantajes, gritos y síncopes de la cúpula empresarial y sus asociados extranjeros, el presidente López Obrador no tiene intención de modificar una sola coma a la iniciativa preferente por él enviada al Congreso en materia eléctrica, y al que no le guste, pues “está en su derecho de interponer amparos, pero el gobierno combatirá jurídicamente esa posibilidad”, en el entendido de que “los opositores son los defensores del antiguo régimen, quienes deberían estar callados, avergonzados, porque aprobaron la reforma energética del sexenio pasado a partir de sobornos”.
En la mañanera de ayer, el mandatario dejó en claro que quienes se han manifestado contrarios a la citada iniciativa preferente son los mismos que “abusaron de las reformas constitucionales”, las cuales se aprobaron mediante el pago de generosas coimas, y lo único que quieren es que dichas prácticas regresen. Por ejemplo, dijo, “para la reforma energética repartieron millones de pesos a diputados y senadores, y existen las pruebas. Está abierta una denuncia en la fiscalía, y ojalá y se aclare todo esto y se termine ese proceso”. En cambio, lo que el gobierno propone es “que se le dé su lugar a la Comisión Federal de Electricidad” (CFE), porque si la 4T no hubiera ganado “al final del sexenio actual los particulares manejarían el 80 por ciento de la industria eléctrica, sin beneficio para los consumidores”.
Es cuestión de memoria: Salinas de Gortari abrió la puerta a lo que en su momento se denominó “privatización silenciosa” del sector eléctrico y Zedillo aceleró. Pero nada comparable con los destrozos de los dos sexenios panistas: en el año 2000, la generación de energía eléctrica por parte del sector privado representaba 4.3 por ciento del total; para 2009, esa proporción creció a 40.3 por ciento, es decir, casi mil por ciento más sólo con Fox y Calderón. Y la puntilla fue cortesía de Enrique Peña Nieto, que la aumentó a 50 por ciento. Calderón estimaba que en 2025 llegaría a 75 por ciento, de tal suerte que la CFE moriría por asfixia financiera y productiva. Eso sí, nadie reconocía la privatización del sector: “sólo se moderniza y se le agrega valor”, según decían los neoliberales.
Un informe de la Cámara de Diputados advertía que “la generación del servicio público de energía eléctrica, cuya contribución en el total generado a 2009 fue de 59.7 por ciento, en 2009 descendió 1.8 puntos porcentuales, producto no sólo de la depresión y menor demanda de energía eléctrica sino también de su tendencia a la baja muy marcada entre 2000 y 2009 con una tasa media anual de -2.2. En los últimos años la dependencia de los permisionarios (privados) por parte del servicio público ha tendido a incrementarse”.
En 2009, cuando el sector privado ya generaba 40.3 por ciento de la energía eléctrica (la cual obligadamente la CFE debía comprar y subsidiar) la Cámara de Diputados advertía que la capacidad instalada de la Comisión Federal de Electricidad “disminuye y se ocupa parcialmente debido a que se privilegia la generación potencial de los permisionarios privados. Desde 2000 éstos venden electricidad a CFE, la cual es colocada en el segmento de la industria que es el más rentable; el sector doméstico, que es donde se encuentran los mayores problemas y más altos costos de suministro, se está destinando a las dos paraestatales. Los permisionarios no corren riesgos debido a que venden la energía comprometida a la CFE, y aunque se presenten paros o haya una menor demanda del energético, la paraestatal tiene que colocar los excedentes al costo que sea necesario. Las altas tarifas de la electricidad no son producto exclusivamente de la energía generada por el servicio público, también se derivan de los altos costos de interconexión de los productores independientes y del gas natural que es el único combustible que los PIE utilizan”.
Las rebanadas del pastel
Entonces, a ese atraco institucionalizado y “legalizado” a golpe de sobornos, a ese cúmulo de contratos leoninos, la cúpula empresarial, sus asociados extranjeros y sus jilgueros le llaman “estado de derecho”, y actuar en sentido contrario es igual a “fomentar el monopolio” y “ahuyentar inversiones”.
