En la Ciudad de México, únicamente en 13 por ciento de mil 340 homicidios dolosos que se cometieron el año pasado hubo acceso a la justicia, pese a que ha habido una tendencia creciente desde 2014, informó el Observatorio Nacional Ciudadano (OCN).
La incidencia en la comisión de este delito, que en 2019 alcanzó una impunidad de 86.7 por ciento, es compleja porque convive con procesos de delincuencia organizada, situaciones de conflicto vecinal entre ciudadanos y delitos comunes.
Además, se caracteriza por patrones diferenciados de concentración geográfica, pues las colonias con mayor número de delitos no corresponden necesariamente a las alcaldías más críticas, y ocurre en colonias ubicadas en los límites de las demarcaciones.
La resistencia al cambio, la urgencia de dar resultados, la desconfianza entre los operadores y el burocratismo y los procesos de organización ineficientes son algunos factores institucionales que impedían una adecuada investigación, señaló.
Con el establecimiento de unidades criminalísticas de proximidad (UCP), formadas por policías de investigación, peritos y agentes del Ministerio Público, se busca avanzar en el combate a este delito, indicó el director del ONC, Francisco Rivas.
En la presentación del reporte Estrategia de combate al homicidio doloso, la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, señaló que a la fecha se cuenta con dos UCP, una en Iztapalapa y otra en Gustavo A. Madero.
Se trata, expuso, de un cambio de paradigmas sin precedente en la investigación de los homicidios en la capital, por lo que la meta este año es contar con 19 células de este tipo, con el fin de atender también los casos de feminicidios en las 16 alcaldías.
La pandemia de Covid-19 ha significado un riesgo adicional para la investigación en toda la institución, pero “estamos haciendo la apuesta” para continuar con ese modelo, lo que implicará un aumento de personas y recursos materiales, dijo.
En la actualidad se cuenta con un despliegue operativo en esas unidades que involucra a 74 agentes de investigación, 48 peritos en criminalística y fotografía forense, así como seis agentes del Ministerio Público.
La presidenta de la comisión técnica para la transición de procuraduría a fiscalía, Ana Laura Magaloni, destacó que “no sólo hubo un cambio de siglas, sino que se ha transformado, pues “el corazón del problema es que nunca estuvo diseñada para producir verdad, para esclarecer qué pasó, para darle acceso a la justicia a la víctima, sino para otras cosas”.
