Ciudad de México. En sesión digital, el grupo parlamentario del PRI en el Senado presentó ante el pleno de esa cámara una iniciativa para expedir una ley que obliga al presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar un plan de retiro gradual, de los militares del combate al crimen organizado, a fin que el Ejército y la Armada regresen a sus cuarteles y retomen sus funciones constitucionales en el plazo límite de marzo de 2024.

A nombre de su bancada, la senadora Claudia Ruíz Massieu presentó la “Ley que Regula la Participación Transitoria de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública”, en la que se establece asimismo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fiscalizará la actuación de los miembros del Ejército y la Marina, que participen en operativos contra la violencia y la inseguridad.

En su caso, la CNDH “dará aviso a las autoridades administrativas o judiciales de carácter civil y castrense” de las faltas que los militares “llegaran a cometer en el ejercicio de su función, para que se impongan las sanciones correspondientes”.

Durante la sesión senatorial, que se llevó a cabo a distancia, a través de una plataforma digital, la senadora Ruíz Massieu advirtió que debe expedirse esa Ley reglamentaria de la reforma constitucional, promulgada en marzo de 2019, por la que creó la Guardia Nacional, ya que no basta con el decreto emitido el año pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sostuvo que el ejecutivo federal no tenía facultades para ello, además de que el decreto es “francamente insuficiente”, ya que que no define el tipo de participación que tendrán las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, no se hace énfasis en que se trata de una medida extraordinaria y tampoco se establece la subordinación y la complementariedad con los cuerpos civiles de seguridad pública.

La ex presidenta del PRI recalcó que el Congreso debe legislar y la iniciativa de su grupo parlamentario presenta por ello esa ley que “define con claridad las facultades y obligaciones de los militares que participan en tareas de seguridad, contempla mecanismos para que los gobiernos estatales puedan solicitar el apoyo de la fuerza armada permanente, a fin atender problemáticas específicas de incidencia criminal en un lugar determinado.

La Ley contempla de manera central la obligación del presidente López Obrador de presentar el plan de retiro gradual del Ejército a sus cuarteles, ya que la reforma constitucional del 2019 fijó, a partir de esa fecha, cinco años como límite para que dejaran de colaborar en la persecución de delincuentes.

La propuesta por el PRI señala que “el titular del Ejecutivo Federal con la participación del titular del área del ramo, diseñará y propondrá al Congreso de la Unión un Plan de Retiro Gradual y Definitivo de las tareas de la Fuerza Armada Permanente en materia de seguridad pública”.

También establece que las fuerzas armadas “podrán colaborar de forma subordinada y complementaria en las actividades de la Guardia Nacional o su equivalente en el ámbito local para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como para contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”.

La senadora Ruíz Massieu resaltó que en el PRI no son indiferentes “al clamor ciudadano que existe que exige respuestas inmediatas al problema de inseguridad generalizada que aqueja el país, pero tampoco podemos pasar por él por alto el hecho de qué no estás Fuerzas Armadas se han visto obligadas a ejercer funciones que no Les corresponde para hacer frente al flagelo del clima organizado”.

Los militares, agregó, están en una situación de vulnerabilidad frente a la crítica social porque su adiestramiento estuvo orientado a velar por la defensa de la soberanía de la federación, no por la seguridad de los ciudadanos y carecen de mecanismos de protección para actuar. Las fuerzas armadas, insistió, no merecen esa incertidumbre.