Con la ampliación de anexos técnicos al convenio de colaboración vigente que reducen el tiempo de entrega de información sobre movimientos financieros, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda pretenden acotar los márgenes de operación al financiamiento ilícito en las campañas.

De esta manera, se busca detectar el desvío de recursos públicos para sostenimiento electoral, ingreso de dinero del crimen organizado, triangulaciones financieras de entes prohibidos (empresas) e investigar a actores políticos que enfrenten procesos por violencia política de género.

Durante la firma del nuevo acuerdo, el titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró que una mayor colaboración institucional sobre la base de la autonomía del INE tiene como fin reducir los riesgos para la democracia mexicana que inciden en la contienda electoral: “delincuencia organizada particularmente en el ámbito de campañas locales, condicionamientos de programas sociales y la integración de empresas fachadas utilizadas para sustraer recursos públicos, como la Operación Zafiro, o el caso Odebrecht, que son riesgos reales”.

En el acuerdo se establece que la UIF tendrá 15 días hábiles a partir de la petición del INE para entregar la información financiera del sujeto investigado, la cual incluirá detalle de las operaciones efectuadas por personas físicas y morales catalogadas como riesgosas, depósitos y retiros localizados en los reportes de movimientos relevantes y detalle en los inusuales.

Nieto explicó que no se trata de perseguir por consigna, sino de que a partir de un modelo axiológico, mediante un algoritmo matemático, se alerte sobre movimientos financieros inusuales en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que el organismo no pretende ahogar a los partidos ni candidatos contendientes con sanciones económicas, sino asegurar que el financiamiento que reciban se apegue al marco legal.

Esta sinergia institucional es una “nueva vuelta de tuerca porque la democracia mexicana no quiere trampas ni opacidad, sino respeto y compromiso con la transparencia, así como a la rendición de cuentas y respeto a las reglas del juego”.

Córdova dijo que con este mecanismo habrá mayor intercambio de información y modelos de identificación de riesgo para combatir prácticas de corrupción política a partir de mecanismos institucionales al actuar con imparcialidad.