Guadalajara, Jal. Las afectaciones ambientales en al menos 149 comunidades aledañas al río Santiago y al lago de Chapala son, en su mayoría, producto de la actividad y las descargas industriales; por ello, luego de un estudio multidisciplinario se propuso declarar una moratoria para evitar que las empresas viertan más desechos en el corredor que incluye los municipios de El Salto, Juanacatlán, Poncitlán y Tonalá.

La investigación fue convocada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), a fin de dar respuesta a las medidas cautelares 708/19 emitidas al Estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 7 de febrero de 2020, las cuales buscan detener las afectaciones a la salud humana producto de la contaminación en esa zona.

Participaron en la elaboración del estudio víctimas de la contaminación, defensores de derechos humanos, académicos y autoridades de Jalisco, quienes definieron condiciones técnicamente evaluables de vulnerabilidad, riesgo e impacto asociadas a la polución en el río Santiago y el lago de Chapala.

La CEDHJ emitió el informe especial Área de influencia por los contaminantes primarios presentes en el río Santiago y lago de Chapala, en el cual se analizan 67 indicadores que muestran el efecto de la contaminación en 149 localidades de las cuatro demarcaciones mencionadas.

El análisis concluye que la afectación global es particularmente más alta en las comunidades Puente Grande, Tonalá; Centro, El Salto; Centro, Juanacatlán, y Centro, Poncitlán.

El documento resalta el impacto de la actividad industrial: el daño territorial tangible por las actividades de transformación es 237 por ciento más alto que el provocado por labores agropecuarias y 30 por ciento mayor que el de las urbanas.

La investigación asimismo detalla que 13 localidades de Poncitlán colindantes con el lago de Chapala presentan altos grados de vulnerabilidad e impacto no incluidos en las medidas de la CIDH. La misma situación prevalece en las localidades Tololotlán y Puente Grande, en Tonalá.

La CEDHJ emitió en 2009 una “macrorrecomendación” por violaciones a los derechos humanos a la salud, así como a un medio ambiente sano y equilibrado, debido a la contaminación del río Santiago, que incluyeron cientos de puntos recomendatorios al Ejecutivo estatal, a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas, al igual que a la Comisión Estatal del Agua y al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Pese a ello, poco se ha hecho por terminar con el problema y, al contrario, se han agudizado las consecuencias en la salud de habitantes de las márgenes del río y del lago.

La CEDHJ pidió a la Subsecretaría de Derechos Humanos federal y al gobierno jalisciense que divulguen su actuación ante la resolución 7/2020 con las medidas cautelares 708-19 de la CIDH, en la que el organismo solicitó disposiciones para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de regiones contiguas al río Santiago en Juanacatlán y El Salto, y de los residentes de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala, en el municipio de Poncitlán.

Colaboraron en el informe habitantes afectados, agricultores, activistas por los derechos humanos, académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Guadalajara, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, y los tres niveles de gobierno.