Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México aprobó las minutas enviadas por la Cámara de Diputados con los proyectos de reforma a la Constitución Política de la federación en materia de nacionalidad y Poder Judicial federal, ésta última, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, prevenir actos de corrupción y nepotismo de jueces, magistrados y ministros y crear el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Escuela Federal de Formación Judicial.

En sesión virtual del constituyente permanente, el pleno aprobó por unanimidad de los 60 legisladores presentes la reforma al artículo 30, elaborada por la senadora con licencia y hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Codero, para reconocer la nacionalidad mexicana por nacimiento a hijos nacidos en el extranjero de padres mexicanos, así como de padre o madre originaria del país.

Posteriormente, el Congreso capitalino avaló con 46 votos a favor, 13 en contra de diputados del PAN y PRD y la abstención de un legislador morenista, la minuta relativa al Poder Judicial.

La reforma establece los Plenos Regionales, en sustitución de los Plenos de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de resolver las contradicciones de tesis y conflictos de competencia y sustituye los Tribunales Unitarios de Circuito por Tribunales Colegiados de Apelación, con sus mismas atribuciones pero integrados con tres personas magistradas para fortalecer el debate y el proceso deliberativo en las resoluciones.

Sobre este punto, el diputado de Morena, Ricardo Fuentes Gómez, sostuvo al razonar su voto que las decisiones colegiadas contribuirán a establecer mejores criterios en la toma de decisiones para la impartición de justicia. Destacó además que la reforma pone énfasis en verificar el desempeño de jueces y magistrados para su ratificación y establece principios de paridad de género en el Poder Judicial.

Al fijar la postura del PAN, el diputado Diego Garrido, dijo que se trata de una reforma “autoritaria” que busca restar autonomía e independencia al poder judicial y generar más burocracia con jueces y magistrados impuestos y controlados por Morena, así como debilitar la controversia constitucional, la jurisprudencia y el amparo directo.