Ciudad de México. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados revisará hasta este lunes los argumentos que Mauricio Toledo (PT) presentó contra el presidente de esa instancia jurisdiccional, Pablo Gómez Álvarez (Morena), de quien pidió se recusara de votar en el proceso de desafuero que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.

El sábado, Toledo solicitó que Gómez Álvarez no intervenga en su caso, al considerar que su voto no sería imparcial, y ante ello la Sección Instructora aceptó a trámite el escrito y le dio 24 horas para demostrar sus afirmaciones.

No obstante, este domingo por la noche y minutos antes del vencimiento, el ex delegado de Coyoacán entregó su escrito donde manifiesta sus razones de la recusación contra Pablo Gómez, por lo que esa instancia jurisdiccional se declaró en sesión permanente.

De esta forma, la Sección Instructora sólo dio por recibido el documento, que será analizado este lunes para continuar con la sesión –ante la argucia de Toledo contra Pablo Gómez–, convocada por la secretaria de esa instancia, Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena).

El 25 de enero, al informar de la presentación de la solicitud de desafuero contra Toledo, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, anticipó que en cada fase del proceso el Ministerio Público “probará la responsabilidad penal del diputado mencionado en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, acreditado con un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados”.

Previamente, el sábado, la Sección Instructora determinó que, en el caso de la solicitud de desafuero contra el senador Cruz Pérez Cuéllar (Morena) se abrirá el proceso probatorio y fiscal.

A este legislador, la fiscalía de Chihuahua lo señala de haber recibido recursos por parte del ex gobernador del estado César Duarte Jáquez cuando fue candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano en 2016.

Mientras que en el proceso de desafuero contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, se determinó abrir una mesa de trabajo para entrar al análisis de fondo, esto es que primero se definirá si el funcionario cuenta o no con fuero.