Ante la omisión de no expedir la Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al líquido, comunidades de Quintana Roo y Veracruz presentaron dos demandas de amparo en contra del Poder Legislativo para que éste cumpla con su obligación.
En entrevista con La Jornada, Xavier Martínez Esponda, abogado y director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), señaló que este lunes se cumplen ocho años de retraso para ese mandato constitucional que desde 2012 estableció un plazo de 360 días para que el Congreso federal expidiera una legislación que sustituyera a la actual Ley de Aguas Nacionales, la cual “está agotada y no tiene un enfoque de derechos”.
Subrayó que en el sureste del país existe “una complejidad enorme”, ya que la legislación vigente “no protege ni regula cuencas como el acuífero de la Península de Yucatán”, donde 98.5 por ciento del agua que se utiliza en la zona es subterránea.
Frente a dicha omisión, personas residentes de Cancún y Chetumal; de los municipios de Cozumel, Solidaridad y Othón P. Blanco, en Quintana Roo, así como integrantes de las comunidades de los municipios de Jalcomulco y Teocelo, en Veracruz, demandaron la protección de la justicia federal debido a que “la contaminación es uno de los mayores riesgos para la subsistencia del agua”.
En el amparo, las comunidades señalan que “es necesario que la Ley General de Aguas incluya contenidos diferenciados para la cuenca porque hidrológicamente están ante circunstancias diferentes del resto del país, que ponen en riesgo la seguridad hídrica ante el crecimiento poblacional, el cual se potenciará con la llegada de proyectos como el Tren Maya”, refirió el Cemda.
En el caso del recurso interpuesto en Veracruz, añadió, se establece que “es urgente la expedición de un marco jurídico que garantice el derecho al agua de manera sostenible y culturalmente adecuada”, ya que en la cuenca del río La Antigua –que corre desde el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba hasta su desembocadura en el Golfo de México–, las comunidades indígenas, campesinas y rurales realizan actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo, al tiempo que han construido en su territorio un “patrimonio intangible”. El abogado Xavier Martínez indicó que en el modelo actual, las decisiones “siguen estando concentradas en las autoridades” sin tomar en cuenta a las comunidades.
