Grupos civiles pidieron al gobierno mexicano incluir a la población migrante en el plan de vacunación anti-Covid.

Organizados como Alianza Movilidad Inclusiva, en la que participan asociaciones y albergues de México y Centroamérica, dijeron que la vacuna tampoco debería ser supeditada a un documento de identidad porque se deja en el limbo a muchas personas.

En principio, mencionó que para el registro de adultos mayores en México se requiere la Clave Única de Registro de Población (CURP), aunque “una gran parte de la población” migrante no cuenta con el documento y por tanto se afecta la salud pública.

El colectivo está integrado por más de 30 grupos encabezados por el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador y Amnistía Internacional.

Subrayó que no se debería solicitar la CURP porque México no cuenta con una cédula de identidad, de tal forma que se afecta a la población migrante y a los mexicanos deportados, así como a la migración indígena interna que no tiene acta de nacimiento o la presenta con irregularidades.

En representación de la Alianza, Gretchen Kuhner, directora del Imumi, advirtió que el gobierno mexicano no ha publicado ningún plan que permita a las personas acceder a una CURP y, por tanto, al registro para la aplicación de vacuna.

La especialista denunció además que el Instituto Nacional de Migración carece de un programa de vigilancia sanitaria “y ha fallado en garantizar a las poblaciones en movilidad el acceso efectivo a la salud y a medidas de detección del contagio”.

Lamentó que en otros países, particularmente en Centroamérica, también existan “fallas” para incluir a los migrantes en los planes de vacunación, al requerir documentos con los que no cuentan todas las personas.

“Es crucial el acceso a la vacuna para todas las personas, independientemente de su condición migratoria”, subrayó Kuhner, por lo que pidió que la aplicación del biológico se realice sin distinción y sin enfoques diferenciados porque una situación contraria afecta la salud pública nacional y regional.

“La salud es un derecho humano que no se le puede negar a nadie por ninguna razón, incluyendo su nacionalidad o estatus migratorio”, dijo por su parte Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.