Mazatlán, Sin., Organismos civiles y colectivos de mujeres exigieron a las autoridades de procuración de justicia del estado que no queden impunes los crímenes de las jóvenes Andrea, de 20 años, y Ana Carolina, de 18, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y de diseño de una escuela privada, respectivamente, ambas originarias de Durango y asesinadas el 27 de enero de 2020 en la carretera Sanalona, en Culiacán, por presuntos agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes dieron parte de un supuesto ataque desde un vehículo y repelieron la agresión.
Ana Carolina murió dentro del vehículo Honda Accord y Andrea cuando era trasladada al hospital en la patrulla 3842. Sin embargo, dos sobrevivientes que acompañaban a las estudiantes, atestiguaron que ellos no dispararon, porque no portaban armas.
Por el doble crimen, representantes de 12 organismos de la sociedad civil de Culiacán, emplazaron a los integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), a atender la responsabilidad de defender a los ciudadanos o que renuncien.
Impune, violencia feminicida
Denunciaron que los niveles de impunidad de violencia feminicida son altos en Sinaloa y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres es una constante, por lo que la fiscalía es el principal obstáculo de acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas de feminicidios y homicidios dolosos.
En un documento, los colectivos de mujeres activas sinaloenses y Sabuesas Guerreras, precisaron que por ineptitud o complicidad de la FGE, están frente a un caso de violencia institucional, pues “son ineficaces en proteger y velar por los intereses de los ciudadanos”.
Señalaron que debido a que agentes policiacos están involucrados, las autoridades deben asumir un compromiso para llegar a la verdad respetando los derechos humanos.
En marzo de 2020, la fiscalía estatal acusó al comandante Carlos Alberto C, encargado del grupo Élite, de alterar la escena del crimen para favorecer a los policías; después solicitó a la juez sobreseer el caso por “falta de pruebas”.
El 3 de febrero, la juez Dulce M. Villegas Soto avaló la solicitud de la FGE para sobreseer el caso y perdonar al comandante de la PEP involucrado en el crimen de las jóvenes, y para que sólo enfrente un proceso penal por dos acusaciones menores.
