A diferencia del primero (iniciativa Juntos por la Salud), el 17 de noviembre 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció un segundo convenio con hospitales privados, ahora incorporando la atención de Covid-19. Como el primero, el segundo convenio confirma un relativamente bajo impacto –comparativo con el IMSS– en la atención de pacientes, además de que contiene un ajuste tarifario en la estancia día paciente –solicitado por los privados– que opera en claro detrimento del financiamiento público. Ninguno de los dos convenios representa una combinación virtuosa; una solución de largo plazo y sustentable para la cooperación público-privada en materia sanitara.
Los resultados del primer convenio (30 de abril al 24 de septiembre de 2020) involucró 579 empresas e instituciones privadas que distribuyeron 4 mil 673 respiradores (223 de terapia intensiva) en hospitales públicos, incluyendo la capacitación para operarlos; 226 nosocomios, de todos los tamaños, brindaron servicios al costo, disponiendo 3 mil 427 camas. La iniciativa canalizó a hospitales privados 17 mil 413 pacientes no Covid-19 para atención médica, 80 por ciento de los cuales fueron partos y cesáreas. El mayor apoyo hospitalario lo recibieron derechohabientes del IMSS: 86 por ciento de los atendidos, seguidos del Issste: 11 por ciento. Y, en menor proporción aparecen Insabi, Sedena, Semar y Pemex. Derivar a todos estos pacientes facilitó al sector público disponer de 6 mil camas destinadas a pacientes Covid.
Por el contrario, el pasado 11 de octubre el IMSS comunicó que –entre abril y septiembre– atendió por Covid-19, sólo en sus instalaciones, a 27 mil 245 personas que no son derechohabientes del instituto. De ellas, 35 por ciento tiene de 19 a 39 años; 37 por ciento, entre 40 y 60 años y 26 por ciento de 60 a 80 años y más. 61 por ciento son hombres y 39 por ciento son mujeres. La mayor carga de atención ocurrió en la CDMX con 8 mil 425 personas; seguida del Edomex, con 3 mil 387; Veracruz, con mil 690; Nuevo León, con mil 28; Coahuila, con 991, y Sinaloa, con 870.
Además, el segundo convenio incorpora, para el Covid-19, una tarifa por la estancia día paciente igual a 39 mil 961 pesos, siendo que el primero establecía 14 mil 900. Así, por Covid-19 el segundo pagará a privados –por concepto de estancia día paciente– 25 mil 61 pesos más, mientras que la estancia por día en terapia intensiva por 22 mil 590 pesos que estipulaba el primer convenio desaparece.
¿Qué muestra este ajuste tarifario en del segundo convenio? Que la lógica económica neoliberal de la intervención privada no ha sufrido, hasta ahora, cambio alguno en la 4T. Porque, a pesar de que la pandemia de Covid-19 evidenció los 36 años de desmantelamiento estructural del sector salud, que favoreció indiscriminadamente la participación desregulada de privados y que antes de la emergencia habían sido estratégicamente contenidos por la actual administración, y hoy, ante la saturación de los servicios públicos, la intervención privada preserva esa misma lógica neoliberal sin que se aprecie una rectoría estatal renovada en materia de salud.
Mientras que el primer convenio, por su poca capacidad de respuesta en comparación con el número de hospitalizaciones por padecimientos diferentes a Covid-19 en el sector público durante 2020: 17 mil 413 contra un millón 500 mil hospitalizados tan sólo en el IMSS (IMSS, División de Información en Salud) confirma un claro acto de simulación sobre un verdadero y efectivo apoyo al sector público.
Por su parte, el segundo convenio corrobora que la lógica de la intervención privada se sigue rigiendo más por la recuperación de sus costos, al estilo de la aseguradoras privadas de salud. Más aún, en tiempos que, a decir de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el costo por la atención de la pandemia Covid-19 para el ramo asegurador se acerca ya a los mil millones de dólares ( Forbes, 7/1/20).
Entonces: ¿el segundo convenio preservará el mismo relativamente bajo impacto que el primero? Lo cierto es que un gran tema pendiente en la política nacional de salud es la urgencia de establecer un modelo viable de colaboración público-privada que se sirva de la oferta conjunta de ambos sectores en beneficio de las grandes mayorías nacionales, pero que no sea lesivo como lo fue durante el entero periodo neoliberal.
Por lo pronto, es claro que el relativamente bajo impacto de la participación concertada con los privados en los dos convenios 2020-21, no pinta aún como un modelo viable que pudiera ser replicado en condiciones pospandémicas.
