Moscú. Rusia y la Unión Europea (UE) constataron ayer aquí que su relación bilateral se encuentra en “el punto más bajo” de los años recientes por sus desencuentros sobre el tema de Aleksei Navalny, mientras la cancillería rusa expulsó a tres diplomáticos europeos por “participar en manifestaciones de apoyo al opositor”, contra quien comenzó un segundo juicio esta misma semana, ahora por calumniar a un anciano en redes sociales, lo que puede costarle desde una elevada multa hasta dos años más de cárcel.
En la primera visita del alto representante europeo para asuntos exteriores y política de seguridad a la capital rusa desde 2017, Josep Borrell, y su colega local, Serguei Lavrov, sostuvieron una áspera reunión, llena de reproches recíprocos por incumplir Moscú sus compromisos internacionales, en opinión de Bruselas, y por entrometerse la UE en los asuntos internos de Rusia, desde su punto de vista.
Aunque Borrell reiteró la “profunda preocupación de la UE y su llamamiento a liberar a Navalny y a los miles de detenidos en las recientes manifestaciones”, así como insistir en que las autoridades rusas investiguen el intento de asesinato que el opositor sufrió en agosto anterior, dejó abiertas las puertas al diálogo al decir –en la breve rueda de prensa al término de las conversaciones– que Bruselas aún no tiene previsto aplicar nuevas sanciones contra Moscú.
La UE, en palabras de Borrell, mostró el interés de impulsar la cooperación para seguir siendo el primer socio comercial de Rusia. “Nuestra historia reciente está marcada por divergencias fundamentales y la desconfianza, pero no es nuestra opción levantar un muro de silencio”, subrayó el jefe de la diplomacia europea, lo cual causó malestar en Polonia y los países bálticos, que exigían adoptar una posición menos conciliadora respecto a su poderoso vecino eslavo.
Lavrov, por su parte, aprovechó la ocasión para arremeter contra la UE, “un socio que no es confiable y presenta acusaciones sin fundamento”, y afirmó que sus miembros, en lugar de dar lecciones acerca de la represión de protestas, deberían dejar de lado su “arrogancia” y cuestionar los excesos de su propia policía.
El canciller ruso destacó que su país apuesta por una “trayectoria constructiva” y puso de ejemplo que hay ámbitos como el comercio, la medicina o el turismo (cuando se pueda viajar) que ofrecen amplios beneficios para ambos.
Borrell calificó de “inadmisible” la expulsión de tres diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania, que conoció por boca de Lavrov, quienes –asevera el gobierno ruso– “realizaron actividades incompatibles con su estatus” al participar en Moscú y San Petersburgo en manifestaciones de apoyo a Navalny, acusación que los gobiernos de los tres países involucrados rechazaron al revirar que sus diplomáticos sólo “estaban cumpliendo labores de observación” y advirtieron que tomarán medidas en reciprocidad.
A la misma hora que los encargados de las diplomacias rusa y europea discutían sus diferencias, teniendo como invariable telón de fondo el espinoso tema de Navalny, el opositor compareció como imputado en un nuevo juicio.
La fiscalía considera que Navalny calumnió en Twitter y Telegram a un veterano de la Segunda Guerra Mundial, Ignat Artemenko, de 95 años, al llamar “lacayos vendidos” y “traidores” a un numeroso grupo de políticos, actores, cantantes y simples ciudadanos que exhortaron en tv a votar por la nueva Constitución de Rusia.
Aunque el anciano no se enteró de lo que dijo Navalny, quien nunca se refirió a él por su nombre, sino en general a la veintena de personajes que participaron en el anuncio televisivo, un jurista que se dijo indignado presentó en su nombre una demanda por calumnias. Al enredarse en sus declaraciones los testigos de cargo sobre cómo y cuándo se enteró Artemenko de que lo estaban difamando, lo que el propio afectado no pudo aclarar, la juez decidió posponer el juicio hasta el viernes de la semana siguiente.
