Caracas. El nuevo Parlamento de Venezuela, dominado por el oficialismo, pedirá enjuiciar al líder opositor Juan Guaidó. “En las próximas horas emitiremos un informe” preliminar “a la plenaria de la Asamblea Nacional que determina que el ex diputado Juan Guaidó está incurso en la comisión de presuntos hechos punibles que lo comprometen responsable civil, administrativa, política y penalmente”, indicó a la prensa José Brito, presidente de una comisión que investiga a las directivas legislativas bajo control opositor (2016-2021).
Brito, diputado opositor que rompió con Guaidó tras ser acusado de corrupción vinculada con un programa de alimentación del gobierno de Nicolás Maduro, dijo que el informe presenta “elementos suficientes” que hacen al dirigente opositor “susceptible de ser enjuiciado”.
Lo acusó, entre otros cargos, de conspiración para delinquir, delincuencia organizada, traición a la patria, usurpación de funciones, magnicidio, homicidio e intento de golpe de Estado. Las penas por estos delitos “sumarían más de 200 años de cárcel”, declaró Brito, pero en Venezuela no son acumulativas. La mayor es de 30 años.
Con 256 de 277 escaños controlados por el chavismo después de las elecciones del 6 de diciembre –calificadas de fraude por los principales partidos opositores, que las boicotearon, y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina– el Parlamento creó esta comisión.
Guaidó reclamó en 2019, desde la jefatura legislativa, la presidencia encargada de Venezuela con reconocimiento de medio centenar de países. Argentina, sin embargo, anunció esta semana que ya no lo consideraba como tal.
Asimismo, ayer el gobierno de Panamá retiró las credenciales de Fabiola Zavarce como embajadora de Venezuela, quien era representante del “gabinete” de Guaidó, si bien autoridades panameñas matizaron que éste fue un gesto simbólico que tampoco significa que se reconozca la “legitimidad” del gobierno de Maduro. Washington, en su apoyo, lanzó sanciones contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA para intentar forzar la salida de Maduro del poder.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, acusó al mandatario colombiano, Iván Duque, de estar detrás del ataque frustrado con explosivos contra la sede de ese órgano legislativo, que se pretendía perpetrar el pasado 25 de enero.
“Otra vez el gobierno de Colombia, Iván Duque en su afán asesino, agresivo contra Venezuela (…) No es la primera vez que de Colombia viene el plan, lo hemos denunciado varias veces (…) No se detienen, es la colombianización de la oposición venezolana”, expresó Rodríguez durante una rueda de prensa en la sede del parlamento.
Rodríguez presentó un video en el que Richard Alberto Grillet Álvarez, ex oficial de seguridad de la Asamblea Nacional, detenido cuando pretendía colocar artefactos explosivos en la sede parlamentaria, confesó los planes contra el edificio de ese organismo legislativo.
El titular del parlamento señaló que Grillet Álvarez fue reclutado por Mariano Ugarte, un agente de la estadunidense Agencia Central de Inteligencia en Colombia.
“Reclutó a Grillet para que cometiera acciones de desestabilización, sabotaje, colocación de explosivos y neutralización de una base de radares”, sostuvo.
En el video, Grillet reconoció que le pagarían por colocar tres cajas de artefactos. “Me iban a entregar una cantidad de 5 mil dólares americanos y me iban a entregar los explosivos y los otros materiales para componer las cajas de explosivos, por lo cual fui aprehendido el 26 de enero en la sede de la Asamblea Nacional por los cuerpos de seguridad del Estado”, relató Grillet.
Rodríguez manifestó que tras la detención de Grillet, Ugarte fue escondido por la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, y añadió que tienen información de que le cambiaron el nombre.
Grillet fue imputado por la fiscalía venezolana de cometer los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación. Rodríguez también señaló que el opositor y prófugo de la justicia Leopoldo López y el ex diputado Juan Guaidó eran los jefes directos de la operación que se cometería contra la Asamblea Nacional.