Mañana vence el plazo formal que tiene el diputado del Partido del Trabajo Mauricio Toledo para presentar sus argumentos de defensa, luego de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitara el desafuero por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito, indicó el morenista Pablo Gómez, presidente de la sección instructora que está encargada de analizar el caso.
En entrevista con La Jornada, el legislador subrayó que el proceso que se inició en contra del ex titular de la entonces delegación Coyoacán no se trata de un juicio político, por lo que en este momento lo único que corresponde es esperar a que el acusado “presente lo que quiera presentar y diga lo que tenga que decir en su defensa”.
Al concluir esta fase, explicó Gómez, comenzará un periodo de 30 días naturales para analizar las pruebas que expongan tanto la fiscalía capitalina como Toledo. Al finalizar el plazo, la sección instructora ya estará en condiciones de presentar un proyecto al pleno de la Cámara de Diputados en el cual proponga si el desafuero procede.
“Nosotros no enjuiciamos, no entramos al fondo, sino que debemos ver los elementos que justifiquen o no el desafuero, porque hay presunción de inocencia. El juez es quien resuelve si decide someterlo a proceso, si no es así y no hay causa, entonces Toledo podría regresar al cargo que tenía, como está previsto en la Constitución.”
Gómez recalcó que en este momento procesal no puede emitir ninguna opinión sobre los cargos que hay contra el diputado petista y señaló que no está enterado si ha habido algún tipo de diálogo o negociación en la Cámara de Diputados con la finalidad de incidir en la última propuesta de la sección instructora, la cual podría ser votada en el pleno durante la segunda semana de marzo, cuando se decidirá si Toledo pierde la inmunidad como legislador.
