Buenos Aires., Once diputados y diputadas nacionales, representantes de las provincias del noreste argentino, respaldaron la política sanitaria del gobierno de Gildo Insfrán en Formosa y advirtieron que existe una campaña “política, mediática y judicial” impulsada por “dirigentes de la oposición”, al recordar que esta provincia es la que tiene la menor cantidad de muertes por millón de habitantes, la menor tasa de contagios de Covid-19 del país y la menor cantidad de pacientes de gravedad en unidades de terapia intensiva.
Los legisladores respondieron a una campaña de la oposición de la alianza derechista Cambiemos, cuando dos de sus concejalas de Formosa, Gabriela Neme y Celeste Ruiz Días, fueron detenidas al encabezar una manifestación afuera de un Centro de Aislamiento Preventivo, lo que violaba las restricciones impuestas en esa provincia el pasado 18 de enero.
Entonces comenzó una campaña que no había tenido demasiada trascendencia, pero en los últimos días se llegó a asegurar se había llegado a denunciar la existencia de centros clandestinos de detención y violaciones a los derechos humanos en Formosa.
Esta provincia fue muy aislada desde el principio de la pandemia, por lo cual ha tenido pocos contagios y muertos, pero las denunciantes acusaron al gobernador y al ministro de gobierno, Jorge Abel González, de propagar la pandemia del coronavirus e incumplir con sus deberes.
Hasta ahora la demanda central de la opositora alianza Cambiemos estaba dirigida hacia una escandalosa desacreditación de la vacuna rusa Sputnik V, y al advertir el reconocimiento mundial de ésta, reorientaron sus denuncias contra el gobierno de Formosa.
Una dirigente de la coalición opositora, Elisa Carrió, acusó al presidente Alberto Fernández de “envenenamiento” colectivo por estar vacunando con la Sputnik V al personal hospitalario, de seguridad y ahora a personas mayores de 60 años en todo el país, con las 800 mil dosis recibidas. En los últimos acuerdos con el presidente ruso, Vladimir Putin, se preparan para recibir una cifra millonaria de vacunas al finalizar este mes, así como de otros laboratorios.
Ante esta situación, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar, viajó a Formosa por orden del presidente Alberto Fernández con una comisión de observadores, después de que los opositores pidieron la colaboración de la organización Amnistía Internacional, que admitió las denuncias y acusó al gobierno de Insfran diciendo que obligaba “a permanecer en los centros de aislamiento a personas contagiadas de Covid-19 (con síntomas leves o asintomáticas) con quienes no tienen el virus, exponiéndolas al contagio”.
Durante la visita, Pietraglla constató que no existen los llamados centros clandestinos de detención. Visitaron los centros de aislamiento preventivo, que organizó esa provincia, descartó “violaciones sistemáticas” de derechos humanos y lamentó la “banalización” de conceptos como delitos de lesa humanidad o centros clandestinos de detención por parte de la oposición.
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