La iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo para modificar la Ley de la Industria Eléctrica prevé la posibilidad de que sean revocados los contratos bajo la figura de autoabastecimiento, que comenzaron a ser otorgados en el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

La figura de autoabasto surgió en 1992, ante la solicitud de las grandes empresas mineras, acereras y cementeras, entre otras, para ser autorizadas a generar energía eléctrica para autoconsumo.

Sin embargo, a lo largo de los años las empresas que obtuvieron los contratos se han convertido formalmente en sociedades de autoabasto, pero en la práctica son comercializadoras de energía.

Para aprovechar las ventajas iniciales de esta figura muchas empresas formaron sociedades, sin embargo, de acuerdo con especialistas, se logró detectar que las compañías se hacían socias aportando sólo un dólar.

El artículo tercero transitorio de la propuesta de iniciativa señala: “Los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúan surtiendo sus efectos jurídicos, podrán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía…”

Al respecto, Arturo Carranza, especialista en temas energéticos explicó, que esta figura ha sido útil para reducir los costos de generación de las empresas para hacerlas competitivas, ya que el consumo de la electricidad es un costo importante para las empresas y cuando tienen la posibilidad de generarla se reduce su costo y eso es positivo.

Pero por otro lado, la figura de autoabastecimiento se ha distorsionado, porque a los poseedores de esos contratos se les permitía acceder a la red con costos más baratos y formaron asociaciones con muchas empresas para surtirles de energía usando las tarifas de transmisión y distribución más competitivas.

Arturo Carranza señaló, que lo que esta iniciativa pretende es poner orden y la interpretación es: si no cumplen exclusivamente con la figura de autoabastecimiento –generar electricidad para consumo propio– la CRE tendría la obligación de cancelar estos permisos.

“Esta medida impone más requisitos para que las empresas puedan reducir sus costos y generar una actividad económica. En la medida que se va sobrerregulando al mercado es un obstáculo para la competencia” , advirtió.

Estimaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señalan que este mercado paralelo de venta de energía mediante la simulación de autoabasto ha tenido un impacto en las finanzas de la empresa de 22 mil 500 millones de pesos en los últimos tres años.

En 2018 tuvieron un impacto de 7 mil 800 millones de pesos, en 2019, de 7 mil millones y para 2020 se estima que fueron 8 mil millones de pesos que la CFE dejó de percibir por las tarifas preferenciales.

Para la CFE esa distorsión de 284 contratos legados genera un mercado paralelo inequitativo e injusto que compite con el mercado eléctrico mayorista, pero la figura jurídica los protege.