Con la entrada en la Cámara de Diputados de la solicitud de desafuero del legislador federal del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo, se iniciará el juicio de procedencia en su contra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, con base en la carpeta de investigación que le entregó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México el 25 de enero pasado.

Fuentes de la administración capitalina explicaron que la Sección Instructora sesionó el martes y un día después “notificó a la fiscalía que ya le dio entrada a su solicitud, por lo que se va a iniciar el juicio, se va a convocar una reunión y se presentarán todos los elementos”.

Dicha instancia camaral “tiene hasta 14 días para hacer la formulación y las imputaciones, con base en la carpeta de investigación que elaboró y entregó la fiscalía capitalina, y, por supuesto, ya estaría igualmente citado Toledo”.

De acuerdo con el procedimiento, el ex jefe delegacional de Coyoacán cuenta con un plazo de siete días naturales para manifestar lo que a su derecho convenga de manera escrita por medio de correo electrónico, debido a las limitaciones por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Su carpeta es una de las 23 judicializadas recientemente contra 35 ex funcionarios de la anterior administración, al detectarse un desvío de mil 588 millones de pesos en las finanzas públicas de la ciudad, recordaron las fuentes.

La dependencia, sin embargo, “no puede detenerlo –pese a contar con evidencias de que incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito– hasta que no le retiren el fuero, por lo que el día que sea citado en la Cámara de Diputados se montará un operativo”.

Investigación sólida

Una vez detenido, será presentado ante el juez de control que libró la orden de aprehensión, “en caso de que considere la existencia de motivos para que se evada, aunque “puede ser que también se inicie el juicio de procedencia en ausencia”.

La probabilidad de que “acuda su defensa y no él es posible y será también otra razón para generarle una orden de aprehensión; sin embargo, confiamos en que dará la cara y acudirá al llamado que le haga la Cámara de Diputados”, expresaron.

La fiscalía, destacaron, cuenta con una carpeta “muy sólida” que demuestra el crecimiento de su patrimonio tras ocupar diversos puestos en la administración pública y como legislador local y federal, al encontrarle tres propiedades con valor de 34 millones 560 mil 149 pesos, y una diferencia de 11 millones 419 mil 987 pesos entre el dinero que tiene en tres instituciones bancarias y las remuneraciones asentadas en su declaración patrimonial, por lo que “no vamos a permitir que este caso quede impune”.