“Todos en el país tenemos que tener un proceso justo”, y aspirar al combate a la impunidad, incluido el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien era ministra cuando el caso se abordó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El ex mandatario es acusado por presunta tortura a la periodista Lydia Cacho, en un suceso ocurrido en el año 2005.

Dos años después, en 2007, la SCJN determinó – con seis votos a favor y cuatro en contra- que no hubo violación grave a las garantías individuales de la periodista y exoneró al gobernador. Sánchez Cordero votó a favor.

Este jueves, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se le preguntó su opinión de la detención de Marín, ocurrida en la víspera.

En su respuesta dijo: “Volvemos al tema de justicia y volvemos al tema de impunidad, de imparcialidad de los tribunales, de que las cosas tienen que hacerse bien desde las fiscalías, desde las investigaciones, desde la integración de las carpetas y la judicialización de los casos.

“Inclusive el caso del ex gobernador Marín tiene que entrar en esta dinámica de ir en contra de la impunidad, de tener un juicio imparcial, de que los tribunales realmente hagan su trabajo adecuadamente y que los fiscales también lo hagan, y avanzar hacia el tema de disminuir lo más posible los índices de impunidad en nuestro país”, expresó.

La secretaria reiteró su posición en cuanto a respetar los principios constitucionales de presunción de inocencia, debido proceso y garantía de audiencia para todas las personas.

“Ayer molestó un poco lo de la presunción de inocencia, pero te voy a decir algo, si no tenemos este principio constitucional cualquiera que esté sujeto a un proceso penal justa o injustamente lo menos que quiere y lo menos que la Constitución en estos principios le da son un debido proceso y una garantía de audiencia”, dijo.

Y si no – añadió- pregúntaselo a muchas personas que han estado injustamente procesadas.

“Y aunque moleste y digan que no y en las redes sociales digan ‘cómo es posible’, tenemos que hacer realidad estos principios constitucionales; y la imparcialidad y objetividad de los tribunales, porque si no no podemos avanzar en la impunidad y en la impartición de justicia, que tanto se requiere.

Esa sería mi respuesta – matizó- no sólo del ex gobernador sino de cualquier persona investigada y cuyo proceso tenga estas garantías.

Recordó que por una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Lydia Cacho.

Sánchez Cordero hizo una leve referencia a su posición en 2007, en la SCJN.

“A ver, a Lydia Cacho ya incluso se le ofreció una disculpa pública en la secretaría de Gobernación. Yo en ese caso voté porque sí había tenido obviamente violaciones ella en lo personal, incluso hablé de tortura psicológica en su traslado. El grado, el estándar de gravedad en ese momento que establecía la Constitución, y digo que en ese momento establecía porque hoy en día la Corte ya no tiene la atribución de investigar graves violaciones a los derechos humanos y, en ese sentido, el parámetro de gravedad lo estableció un precedente bien importante de la matanza de los campesinos en el vado de Aguas Blancas.

“Obviamente fueron violaciones a sus derechos, sí, yo lo dije categóricamente, incluso hablé de tortura psicológica a su persona, pero pues el caso tuvo éxito en la CIDH y se le brindó una disculpa pública a Lydia Cacho”.

“Lo único que te puedo decir que todos, todos en este país debemos tener un proceso justo, independientemente, un proceso justo”, señaló.