Ciudad de México. Por segundo consecutivo, familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos mantuvieron cerrados todos los accesos de la Secretaría de Gobernación (SG), en demanda de que sus exigencias sean atendidas, al tiempo que denunciaron que están siendo amedrentados por policías que amenazan con quitarlos por la fuerza.

Yoltzi Martínez Corrales, quien forma parte del Colectivo “Raúl Trujillo Herrera”, indicó que los participantes en la “toma” pasaron la noche en el lugar y permanecerán ahí por tiempo indefinido, pese a que al menos siete de ellos resultaron lesionados tras enfrentarse con policías y con automovilistas molestos por el cierre de avenida Bucareli.

Según la activista, los agentes “incitaron a los conductores a que se bajaran (de sus autos) y se enfrentaran con nosotros. A los policías les grité que fueran a desviar el tráfico, porque los conductores se nos iban encima, y uno de ellos me golpeó con una valla de plástico naranja”, como parte de una serie de incidentes que fueron documentados por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De igual forma, Martínez denunció que los uniformados que resguardan el edificio han ejercido “violencia sicológica” contra los manifestantes –entre los cuales hay infantes, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad—al enviar hasta a siete policías a custodiar a una sola de las inconformes, sin dejarla mover, y amenazándola con quitarlas a todas por la fuerza.

“Para las autoridades es muy fácil simular atención: nos proponen mesas de trabajo, pero nosotros queremos soluciones, que la Fiscalía General de la República y el Mecanismos de Protección de Periodistas y Defensores atiendan nuestros casos. Son trabajos muy concretos y no veo por qué los tengan que alargar. Nosotros no estamos por gusto aquí ni por capricho. Queremos estar en casa, tranquilos”, recalcó.

Velan féretro ante la SG

Mientras tanto, otro grupo de manifestantes que también se encuentra en plantón frente a la sede de la SG, rechazó el cierre total de puertas como método de protesta, e indicó que seguirá apostado en el Palacio de Cobián para exigir que se dé marcha atrás a la desaparición de los fideicomisos de protección de víctimas.

“Nuestra manifestación siempre ha sido pacífica y estamos aquí desde hace un mes, pero no para pedir ningún pago individual para nosotros, sino para exigir que nos devuelvan el fideicomiso que López Obrador arbitrariamente se robó, aunque era auditable y había salido bien en las revisiones”, enfatizó Margarita López, integrante del colectivo Buscando Cuerpos en el País.

La activista indicó que ayer velaron durante unas horas ante la SG el féretro de un hombre al que identificó únicamente como Javier, el cual fue encontrado en una fosa clandestina del estado de Guerrero, para denunciar que las autoridades federales se han negado a pagar los gastos funerarios y de traslado de cadáveres ya identificados, lo cual ha retrasado su entrega a las familias. Este tipo de acciones, adelantó, se repetirán el miércoles de las semanas entrantes.

“Sabemos que hay entre 10 y 12 mil cuerpos ya identificados, que se descubrieron en fosas, pero no se los entregan a sus familias porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tiene recursos para gastos funerarios. Hay miles de familias que ni los van a pedir, sólo quieren la entrega de los restos de sus hijos”, detalló.

López –cuya hija Yahaira Bahena fue desaparecida y luego asesinada en 2011—denunció también que el director general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la SG, acudió personalmente con los familiares a decirles que les pagaría los gastos funerarios con tal de que se “largaran” del sitio.