La probable participación de policías estatales en el asesinato e incineración de 19 personas en Camargo, Tamaulipas, no es un hecho aislado, sino parte de una serie de abusos cometidos contra migrantes tanto por uniformados como por grupos delictivos –a veces de ambos en complicidad–, como consecuencia de la impunidad histórica en la que han quedado estos crímenes.
Así lo afirmó Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien señaló que la aprehensión de al menos 12 agentes estatales sólo busca quitar presión a las autoridades tamaulipecas y no basta para erradicar las atrocidades ocurridas en Camargo y otros lugares de la entidad.
“No es un hecho aislado, sino consecuencia de una serie de abusos de autoridad que han marcado la administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. [Las aprehensiones de los supuestos autores materiales] tampoco fue un acto generoso de la fiscalía local, porque ésta se vio presionada por la existencia de testigos sobrevivientes”, detalló el abogado y activista.
Indicó que hay una versión aún no confirmada, según la cual la masacre quedó registrada por un dron proveniente de Estados Unidos, cuyo gobierno le facilitó al de México un video de los hechos, lo que obligó a las autoridades locales a actuar.
“La información que tenemos es que en este evento participaron siete vehículos de policías estatales y del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública, con unos 30 elementos, como mínimo. Esas 12 detenciones son insuficientes, porque ellos podrían ser los agresores directos, pero hubo más policías que guardaron silencio y no denunciaron los hechos”, añadió.
