Buenos Aires. Once diputados y diputadas nacionales representantes de las provincias del Noreste Argentino (NEA) respaldaron la política sanitaria del gobierno de Gildo Insfrán en Formosa y advirtieron que existe una campaña “política, mediática y judicial” impulsada por “dirigentes de la oposición”, al recordar que esta provincia es la que tiene la menor cantidad de muertes por millón de habitantes, la menor tasa de contagios de Covid-19 del país y la menor cantidad de pacientes de gravedad en unidades de terapia intensiva.

En un comunicado recordaron que “el primer deber del Estado es preservar la salud para preservar la vida” y plantearon que querían “hacer visible la solidaridad” con Insfrán y el pueblo formoseño.

Los legisladores respondieron a una campaña de la oposición de la alianza derechista Cambiemos, cuando dos de sus concejalas de Formosa, Gabriela Neme y Celeste Ruiz Días fueron detenidas al encabezar una manifestación ante un Centro de Aislamiento Preventivo, lo que violaba las restricciones impuestas en esa provincia el pasado 18 de enero.

Entonces comenzó una campaña que no había tenido demasiada trascendencia, denunciando al gobernador Gildo Insfrán, al punto de que en los últimos días se había llegado a denunciar la existencia de Centros Clandestinos de Detención y violaciones a los derechos humanos en Formosa.

Esta provincia fue muy aislada desde el principio de la pandemia por lo cual ha tenido muy poca cantidad de contagiados y muertos, pero las denunciantes acusaron al gobernador y al ministro de gobierno, Jorge Abel González de propagar la pandemia del coronavirus e incumplir con sus deberes.

Hasta ahora la demanda central de la opositora Alianza Cambiemos estaba dirigida hacia una escandalosa desacreditación de la vacuna rusa Sputnik V, y al advertir el reconocimiento mundial de ésta, redoblaron sus denuncias contra el gobierno de Formosa.

A tal punto que una dirigente de esa coalición opositora, Elisa Carrió, acusó al presidente Alberto Fernández de “envenenamiento” colectivo por estar vacunando con la Sputnik V al personal hospitalario, de seguridad y otros prioritarios y ahora a personas mayores de 60 años en todo el país, con las dosis recibidas que suman 800 mil vacunas. En los últimos acuerdos con el presidente Vladimir Putin se preparan para recibir una cifra millonaria al finalizar este mes y también de otros laboratorios.

Ante esta situación, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar, viajó a Formosa por orden del presidente Alberto Fernández con una comisión de observadores, después de que los opositores pidieron la colaboración de la organización Amnistía Internacional que admitió las denuncias y acusó al gobierno de Insfrán diciendo que obligaba “a permanecer en los centros de aislamiento a personas con Covid-19 positivo (con síntomas leves o asintomáticas) con personas que no tienen Covid-19, exponiéndolas al contagio". Además de que no se les brindaba información y que se le hacían hisopados compulsivamente , hablando de largos “encierros” y de violación de derechos humanos.

Durante la visita, Pietraglla constató que no existen los llamados Centros Clandestinos de Detención. Visitaron los Centros de Aislamiento Preventivo, que organizó esa provincia, descartó “violaciones sistemáticas” de derechos humanos y lamentó la “banalización” de conceptos como delitos de lesa humanidad o centros clandestinos de detención por parte de la oposición.

El funcionario de derechos humanos consideró que existían hechos aislados “que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad” pero también que en Buenos Aires y distintos lugares se constataron actitudes de fuerzas policiales en algunos casos en que utilizaron violencia en los controles sanitarios ante lo cual se han tomado medidas.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero se reunió con la titular de Aministía Internacional de Argentina Mariela Belski y a través de su cuenta de Twitter, afirmó que coincidieron "en la necesidad de profundizar el diálogo, tanto por las situaciones de violencia institucional en Formosa como en cualquier otro caso en el marco de la pandemia. Nuestro gobierno tiene un compromiso ineludible con los derechos humanos”, aseguró.

A su vez, Belski dijo a Página/12 que en Formosa “coincidimos en que no hay violaciones sistemáticas de derechos humanos" y reconoció como "importante" que el gobierno aborde el caso luego de las denuncias contras las medidas sanitarias que aplica la administración de Insfrán para combatir el coronavirus.

Tanto Belski como García Rey coincidieron en remarcar “como un paso positivo” la apertura de los canales de diálogo y la intervención del Estado nacional en el caso formoseño. “Coincidimos en que no hay violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, pero sí una situación de violencia institucional que están abordando desde el Gobierno, y eso es muy importante”, agregó la directora ejecutiva de la ONG, y calificó la reunión como “sumamente constructiva y amena”, destacando la “comprensión” por parte del Poder Ejecutivo.