Las comunidades cercanas a la construcción del Tren Maya sí han interpuesto amparos para detener su construcción, contrario a lo afirmado la víspera por el organismo gubernamental encargado del proyecto. No se trata de organizaciones no gubernamentales (ONG), sino grupos que defienden su patrimonio y riqueza cultural.

Representantes de comunidades aledañas al proyecto consultados por La Jornada señalan que tanto en Campeche como en Quintana Roo se han presentado demandas para evitar que las familias sean desalojadas de sus hogares y buscar que se frene la construcción de uno de los proyectos prioritarios de la administración. Incluso, según información oficial, son al menos seis amparos que algunas comunidades han interpuesto desde 2019, cuando comenzó a trabajarse en la obra.

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), organismo dependiente de la Secretaría de Turismo (Sectur) y encargado de la construcción del Tren Maya, aseguró el martes que las comunidades no se han quejado ni han levantado amparos en contra del proyecto, sino que se trata de las ONG. (https://bit.ly/3tmRGND)

Dichas declaraciones fueron rechazadas por los habitantes de las regiones que se ven afectadas por la construcción del tren, y aseguran que solamente se hacen con el fin de “desacreditar una lucha que se ha hecho por defender el patrimonio de cientos de años”.

Romel González, coordinador de democracia y desarrollo del Consejo Regional e Indígena de Xpujil (CRIPX), consideró que las declaraciones hechas por el director de Fonatur exponen la falta de conocimiento sobre los procesos que han iniciado las comunidades y pueblos indígenas para defender su territorio y patrimonio.

“Nos tratan como ignorantes de la construcción, pues una cosa es rehabilitar y otra es obra nueva. Hay conflictos que se están generando en muchos ejidos por las indemnizaciones, por ejemplo en Champoton, Escarcega, Candelaria, Calkini, Halacho, Chochola y más. No son ONG las que están en conflicto, son las comunidades”, dijo González a este medio.

Guadalupe Cáceres, quien es activista y defensora del Colectivo Tres Barrios en Campeche, que reúne las comunidades de Santa Lucía, Ermita y Camino Real, que en conjunto cuentan con cerca de tres mil habitantes, asegura que desde 2019 se buscó un amparo para detener la construcción del Tren Maya.

“Nuestra comunidad está a pie de la vía y nosotros luchamos por nuestro hogar y nuestras tradiciones. Nos demandan que tendrán que quitar 20 metros por cada lado de la vía y nosotros no estamos de acuerdo, son nuestros terrenos. Nos buscan desacreditar mediante procesos que desconocemos”, señaló.

“Incluso en la pandemia vino gente de ONU Hábitat y no respetaban las medidas de distanciamiento, además que buscaban un desalojo forzoso de nuestras tierras. Nosotros empezamos nuestros procesos en 2019 y el 15 de febrero tenemos una audiencia… Buscamos la relocalización del tren”, dijo Cáceres.

Nicolás Arcos Martínez es habitante de Nuevo San José, localidad indígena ubicada en Calakmul y mencionó que a este lugar nunca se le ha dado información clara sobre la realización del proyecto y cómo se va a hacer.

“Estamos aproximadamente a 60 kilómetros de la vía principal, y creemos que con el paso del tiempo, el tren incrementará el costo de los productos que están aquí. Se ha firmado un amparo para evitar la construcción, se ha dicho que llegarán apoyos, pero no ha pasado. Los recursos naturales no tenemos porque sobre explotarlos”, sostuvo.

Una coincidencia que se tiene en estos tres casos es que jamás han sido consultados por alguna autoridad para la realización del proyecto.

Sin embargo, Fonatur insiste que los habitantes aledaños al Tren Maya están de acuerdo con su construcción. Este miércoles se dio a conocer que, según una encuesta realizada por la firma Buendía & Laredo, ocho de cada 10 habitantes de Mérida están a favor de la construcción de la estación del proyecto en la ciudad.