La Fiscalía General de Justicia (FGJ) investiga el desvío de mil 588 millones de pesos del erario en el que estarían involucrados 35 ex funcionarios de la pasada administración.
Se trata de altos servidores públicos que se desempeñaron de secretarios, subsecretarios y directores generales, así como jefes delegacionales y legisladores, informó la titular del organismo autónomo, Ernestina Godoy Ramos, en una mesa de trabajo con diputados del Congreso local.
Detalló que se han reconstruido mapas completos de operaciones financieras y administrativas, tanto públicas como privadas, que develan una “maquinaria para el desvío sistemático de miles de millones de pesos con la participación directa de altos funcionarios”.
Los desvíos de recursos no fueron un error humano, sino actos planeados y ejecutados con plena conciencia de su ilicitud, afirmó Godoy Ramos.
“Con toda responsabilidad puedo asegurarles que estamos frente a los hechos de corrupción más grandes de que se tengan registro en la Ciudad de México y uno de los más relevantes conocidos en el país. Tenemos evidencias que sustentan cada una de estas afirmaciones, y es nuestra responsabilidad perseguir a los responsables, llevarlos ante la justicia y recuperar el patrimonio de la ciudad”.
En las 23 carpetas de investigación abiertas se involucra a 35 ex funcionarios, de los cuales 12 han sido detenidos, entre ellos Miguel Ángel Vásquez, ex subsecretario de Capital Humano, presuntamente involucrado en la entrega a empresas fantasmas de tres contratos para la recuperación del impuesto sobre la renta (ISR) de la uninómina del gobierno, mediante los cuales se desviaron 986 millones de pesos hacia la agrupación política Enrédate por México, señalaron, por otra parte, fuentes de la dependencia.
Se suma el daño al erario por 46 millones 319 mil 259 pesos provenientes de los recursos para la reconstrucción, en el que estarían involucrados el ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda José de Jesús Gutiérrez y el ex comisionado de la Reconstrucción Edgar Tungüí; y el detectado en la Agencia de Gestión Urbana en la gestión de Jaime Slomianski por 29 millones 454 mil pesos.
El ex director del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins, también forma parte de esta lista; así como el legislador federal del Partido del Trabajo Mauricio Toledo. Sobre este último, las fuentes informaron que la FGJ fue notificada ayer de que en la Cámara de Diputados se dio entrada a su solicitud de retirarle el fuero.
En su exposición ante los diputados, Godoy Ramos también reportó 56 personas detenidas que formaron parte de los cárteles de Tláhuac, Jalisco Nuevo Generación, de Sinaloa, de la Unión Tepito y de la Fuerza AntiUnión.
