Moscú. Después de reprimir manifestaciones multitudinarias en toda Rusia que exigían su libertad, durante dos fines de semana consecutivos, el Kremlin optó este martes por la variante dura: una corte anuló la libertad condicional que tenía el líder opositor Aleksei Navalny y lo condenó a tres años y seis meses de cárcel, que se reducen –tomando en cuenta el tiempo que ya pasó en arresto domiciliario y prisión preventiva– a dos años y ocho meses de reclusión efectiva.

Navalny seguirá en la cárcel moscovita de Matrosskaya Tishina hasta que la condena entre en vigor, una vez que se agoten los recursos de apelación en todas las instancias legales.

A pesar de que esta decisión tensará aún más las relaciones de Rusia con Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, y puede derivar en nuevas sanciones, el Kremlin prefirió acallar, entre rejas, una de las voces más críticas en su contra el año en que están previstas, en septiembre siguiente, cruciales elecciones para renovar la composición de la Duma o cámara baja del Parlamento ruso.

Apenas se dio a conocer el dictamen de la juez Natalia Repnikova comenzó el desmesurado despliegue policial en la capital rusa, con el habitual bloqueo de sitios estratégicos, cierre de estaciones del Metro, interferencia de celulares y otras medidas, como precaución ante eventuales protestas.

También por la noche se produjeron las primeras detenciones, mientras grupos de jóvenes, gritando “libertad”, avanzaban hacia el centro de ciudades como Moscú y San Petersburgo. Hacia la una de la mañana de este miércoles, la organización OVD-info reportó 988 detenciones en las protestas.

Durante el día la policía detuvo a 338 personas que intentaron romper el cerco perimetral de varias calles y acercarse al edificio de la Corte Urbana de Moscú, adonde se resolvió trasladar el juicio por ofrecer condiciones de acceso más difíciles.

La juez Repnikova relevó a su colega Yulia Okuneva, que llevaba el caso en la corte del distrito Simonovsky, quien tuvo que renunciar al publicarse que familiares cercanos suyos hacían negocios con los servicios secretos rusos y con el Servicio Penitenciario de Rusia (FSIN, por sus siglas en ruso), que solicitó cambiar la libertad condicional de Navalny por prisión efectiva.

Condenado en 2014 por el caso “Yves Rocher” –como se conoce por el nombre de la empresa de cosméticos y belleza presuntamente estafada por un servicio de transporte de Oleg, hermano del opositor–, a tres años y medio de libertad condicional por un supuesto delito que no ameritaba cárcel, Navalny quedó impedido de ser postulado a cualquier cargo de elección popular por las modificaciones a la ley.

Tres años después, seis meses antes de concluir la condena, una corte revisó la sentencia de 2014 por haber sido tomada con fallas de procedimiento y extendió el castigo condicional hasta el 31 de diciembre de 2020, obligando al opositor a acudir a firmar otros tres años, dos veces al mes en una inspección de Moscú.

Y el 29 de diciembre anterior, cuando faltaban tan sólo dos días para que venciera el plazo, el Servicio Penitenciario de Rusia solicitó cambiar la libertad condicional por prisión efectiva. Al no poder entregar el citatorio al respectivo juicio en el domicilio moscovita de Navalny, quien se encontraba en Berlín terminando su rehabilitación, emitió una orden de búsqueda y captura, aunque las autoridades rusas conocían la dirección del principal adversario del Kremlin en Alemania, a donde le hicieron llegar por correo certificado dos citatorios por otros procesos en su contra.

El motivo esgrimido por el FSIN es que Navalny –que en agosto anterior sufrió un intento de asesinato por envenenamiento y en estado de coma, con autorización concedida por el presidente Vladimir Putin, pudo ser trasladado de emergencia a Alemania, donde recibió tratamiento durante casi cinco meses– no se presentó a firmar a la inspección de Moscú desde que recibió el alta en el hospital berlinés.

No obstante que Navalny regresó a Rusia por voluntad propia, la juez admitió los argumentos de la fiscalía de que el imputado incumplió los requisitos de la condicional y desestimó los documentos médicos presentados por la defensa para explicar por qué no volvió antes al seguir su rehabilitación sin estar ingresado.

Los abogados, además, insistieron en que la detención de Navalny, en el aeropuerto poco después de arribar a Moscú, se hizo sin fundamento legal alguno, igual que la condena a 30 días de prisión preventiva en un juicio exprés, que se celebró en una comisaría policial, no se corresponde con la ley.